Un tema polémico en Guatema- la es el planteamiento sobre si la Cicig debe permanecer en nuestro país o debe marcharse. Ante este cuestionamiento siempre ha habido detractores y defensores, pero luce hipócrita escandalizarse por el hecho de que un ente internacional tenga que venir a fiscalizarnos, tomando en cuenta que a este país lo han calificado muchos como un Estado fallido y mientras no haya una entidad que realice un trabajo de investigación eficaz e independiente en Guatemala, Cicig es una oportunidad que debe aprovecharse al máximo, y lejos de querer suprimirla, deberían ampliarle su mandato, para que pueda investigar a los funcionarios públicos corruptos. Porque aquí la corrupción estatal va de la mano de la impunidad.

Siendo realistas, la estructura de nuestro país ha colapsado y es incapaz de enfrentar a los grupos delictivos que operan a todo nivel, además de tener grandes debilidades en el sistema de justicia, al punto de que existen “capos” que a través del tráfico de influencias quitan y ponen magistrados para manejar las cortes de justicia a su antojo. La Cicig cuenta con la independencia para combatir la criminalidad, de la cual carece nuestro propio sistema, por lo que se ha hecho indispensable para el país, ante la total incapacidad que tenemos para enfrentar y desarticular cuerpos paralelos y aparatos clandestinos enquistados en el Estado.

Recordemos que el 95% de los delitos y crímenes ocurridos en Guatemala quedan sin resolución, la percepción internacional es que somos un país donde prevalece la impunidad.

La decisión para prorrogar el mandato de la entidad internacional está en manos del presidente Otto Pérez, quien ha manifestado ya su falta de voluntad para que la Cicig continúe en el país, confirmando así su nulo compromiso con la justicia y su deseo de que este país siga siendo un verdadero caos. Por supuesto, “en río revuelto, ganancia de pescadores”, y quién más que él necesita que al dejar el poder no haya testigos del calibre de la Cicig, por los bacanales que hizo él y de todo su equipo de gobierno, sin excepción alguna.

La prórroga del mandato a esta entidad internacional es de importancia capital, ya que las instituciones nacionales no están en la capacidad de enfrentar el crimen organizado, los grupos paralelos de poder, así como el financiamiento dudoso y oscuro de los partidos políticos.

El retiro de la Cicig significaría un gran retroceso, pero si aun así estas mafias enquistadas en el Estado logran mover sus tentáculos e influencias fácticas para eliminarla del escenario político, entonces, al menos, esperaríamos que el comisionado Iván Velázquez —con quien hablé personalmente y me pareció un hombre preparado, ético y valiente— pueda rendir un informe ante las Naciones Unidas, sobre la experiencia sui géneris que esa comisión vivió en Guatemala, así como documentar los casos que conocieron y la información que manejaron —con nombre y apellido—, ya que sería de gran utilidad desvelar ante el mundo entero la verdad y evidenciar descarnadamente lo que sucede en este país bananero.
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