Discutir sobre las reformas constitucionales del sector justicia, está que arde. Según opine, corre el riesgo de ser encasillado de extremista, versión izquierdista comunista u oligarca intransigente. No le dejarán explicar que está lejos de apasionamientos, porque se informa y busca soluciones, no defiende una radical negación ni una conformista aceptación y persigue debatir con altura.

A quienes he escuchado hablar seriamente del asunto, coinciden en mucho. Admiten que el actual sistema —comisiones de postulación— no es eficaz, reconocen que separar la administración de justicia de la gestión de recursos es oportuno —así se hace en el resto del mundo— y están de acuerdo en que no podemos seguir inmóviles. Hay una plataforma común sobre la que se puede construir. A pesar de ello, no nos ponemos de acuerdo y se resiente la certeza jurídica.

La moda, la revolución fresa, es invadir el Congreso, insultar, agredir e impedir que sesione o inundar las redes de videos, lemas, memes y hasta amenazas para fomentar la inhibición o promover la aceptación. Los objetivos están claros: aprobar sin debatir o impedir la discusión para que el Legislativo no tome una decisión. Lucha de poder entre extremos que dejan en medio a millones de ciudadanos —no siempre informados— intentando comprender qué ocurre y cómo deben posicionarse.

Dejar el sistema como está, significa que diferentes grupos continúen nombrando y manipulando jueces, tal como se ha venido haciendo o intentado, aún sin lograrlo. Favorece a quienes desean utilizar la justicia para fines espurios del conflicto armado pero también a otros que están siendo investigados o en prisión por delitos muy graves relacionados con desfalco y lavado de dinero. Unos, reclamados, además, por USA, otros huidos, y muchos más pendientes de perder su inmunidad o a escasos centímetros de ser acusados por el MP. Esa mara manipuladora sigue enroscadas en ciertas organizaciones civiles, en el ejercicio de la función pública o en la sombra y luchan por seguir eligiendo magistrados que sobresean o activen “sus” causas —según interese— o emitan sentencias a la carta. ¡Me desmarco de quienes buscan la impunidad o fuerzan decisiones!

A esta disputa se agregan diputados que se refugian en el Congreso y no están dispuestos a debatir sobre el sistema, al igual que magistrados que operan “por instrucciones”. Lo que debería ser la solución, se convierte en problema y los legisladores se justifican, ausentan o ponen todo tipo de trabas para preservar un estatus quo cuya manipulación es clara. No es necesario apelar a un nacionalismo trasnochado que desecha cualquier discrepante opinión. Mucho menos usar la doble moral nacional perfeccionada sobre un falso patriotismo, aquel del que Samuel Johnson dijera que era “el último refugio de un canalla”, y que ha servido —y sirve— para plastificar intereses propios.

Es indiscutible el mal funcionamiento de la justicia. En prisión hay acusados que deberían liberarse y trasladarse a su domicilio a esperar juicio y no quedar eternamente encarcelados. Sin embargo, hay otros que necesitan quebrar el sistema porque de lo contrario sus posibilidades de salir libres son escasas, al igual que hay que enjuiciar a muchos más que campan a sus anchas.

Tanto himno nacional, mano al corazón y recitar aquello de “…tu nombre inmortal…”, pero cuánto anónimo, autoritario, ideología barata, escaso sentido común y analfabetismo funcional. Aprovechando que nos hicieron despertar, actúe por usted mismo y que no lo jalen a la fuerza. El país requiere —y merece— una seria catarsis.

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