2,630 días han pasado desde el 10 de noviembre, 2014. Es la misma cantidad de días desde que la vida de Juana Alonzo Santizo quedó en suspenso. Según denuncia su familia en la red social de Facebook, “Juanita” fue detenida arbitrariamente y está recluida desde aquel entonces en una cárcel en Reynosa.
Un comunicado expone su caso, que es el de una infinidad de gente: Mujer, maya, chuj, migrante en tránsito internacional. Cuenta que fue forzada a trabajar adentro de una casa privada controlada por coyotes. Eventualmente, el reducto fue allanado por la Policía. En el alboroto, Juanita es sindicada de pertenecer a la red de sus captores. Ya en custodia, un documento autoincriminatorio en idioma español le es puesto enfrente. No hay abogado presente, ni traductor presente. Mucho menos acompañamiento consular. Según dice, torturada por la policía, Juana —monolingüe chuj— firma una confesión. 2,700 días han pasado, y Juana Alonzo Santizo, presa, aún aguarda juicio y sentencia.

Tan solo supe sobre este caso y no dudé un segundo en darle credibilidad a lo que este testimonio narra: El desprecio adicional que carga el indígena maya en tránsito por México y especialmente la falta de comprensión de una mujer chuj del contenido de un documento legal redactado en español.
Personalmente, esto lo viví. Recuerdo a cientos de clientas chuj que atendí profesionalmente como notario, con quienes necesité a traductores, frecuentemente sus propios hijos. Esto, aún para cosas tan sencillas como un nombre o una fecha de nacimiento. También me vino a la mente lo difícil que resulta quebrar la testarudez de los citadinos —como muchos funcionarios— sobre cuán monolingües son aquellas regiones huehuetecas, y cuán infrecuente es el español, especialmente entre muchas mujeres. Aún así, la función pública está rezagada en dotarse de traductores. Y, el sistema consular, a pesar de la demanda de poblaciones indígenas, no es una excepción, sino un triste caso destacado.

La recurrencia de casos en México, donde la vida e integridad de los guatemaltecos en tránsito está en peligro, amerita urgente atención estatal. El de Juana Alonzo Santizo, presa hace 7 años, es un caso que cualquier sistema diplomático minúsculamente decente, acompañaría de cerca. Sin embargo, un rápido examen a nuestra red consular por aquellos lares da expectativas sombrías. Solo imagine que al norte de la Ciudad de México (es decir, un 70% del vasto territorio mexicano) solo tenemos 3 sedes consulares. Y una de ellas, en la lejanía del área Tijuana-San Diego. Esto deja solo 2 consulados a cargo de la mayoría de los tránsitos en el norte mexicano. Consulados fuertes, pensaría usted, dotados de traductores, psicólogos y otros profesionales. Mejor lloremos. Una de esas oficinas tiene apenas 4 funcionarios en total. La otra, 3. Es decir, siete pelones atendiendo el drama migratorio guatemalteco en más de 20 estados de la federación mexicana.

La página de Facebook Fondo de Movilización Solidaria promueve una recaudación económica para el caso de la señora Juana. Buscan reunir fondos para que la comunidad ixtateca se movilice hacia el consulado mexicano en Xela. Pero, además, creo que a esta iniciativa le compete sumarse la cancillería guatemalteca. Vemos que su primer Objetivo Operativo, es “… la cobertura de los servicios de … asistencia, atención y protección consular para los guatemaltecos en el exterior … con el fin de que se garantice el respeto de sus derechos y el goce de sus libertades”. En fin, qué más caso, que el de una ciudadana maya migrante, apresada contra las más básicas normas procedimentales, y atropellada en su libertad por tanto tiempo. Es un caso al que las autoridades respectivas, la directora Woolfolk, el viceministro Hernández, el canciller Brolo y el embajador Búcaro tienen inmediata competencia.