Comienza una nueva década coincidiendo con un nuevo gobierno. En cierto modo, son dos hechos que carecen de significación per se. Nada tiene por qué cambiar necesariamente en la vida pública de Guatemala por esos hechos. Pero el inicio de una nueva década da ocasión para reflexionar y el hecho de que un nuevo equipo esté a punto de tomar las riendas del Gobierno da cabida a plantear algunas observaciones.

Me parece que, en cierto modo, las instituciones de Guatemala fallan y su vida pública es disfuncional porque se pretende ignorar, por sus élites, uno de los problemas más fundamentales sobre la organización de los poderes del Estado, a saber: los conflictos de interés. Así, las reglas constitucionales de la República de Guatemala y su derecho público contemplan múltiples situaciones en que se “fabrican conflictos de interés”.

El más conspicuo, en mi opinión, es el caso de la Corte de Constitucionalidad. En efecto, de los diez magistrados titulares y suplentes que la integran, seis son designados por los propios organismos cuyas leyes, acuerdos o sentencias la CC debe, eventualmente, declarar inconstitucionales o violatorias de algún derecho constitucional o legal. Otros dos son electos por una mayoría de abogados colegiados, pero en un proceso en el que cada vez está más claro qué partido (porque son partidos de política gremial) es el hegemónico. Y, aunque supuestamente la USAC debe ser un santuario de la ciencia y sus autoridades habitan en la “torre de marfil”, la verdad es que también ahí se definen muchas cosas por medio de procesos políticos.

En la Junta Monetaria se sientan el Gobierno (representado por tres ministros), el Congreso, los banqueros, el sector privado y la Usac. Todos, absolutamente, tienen algún interés (y muy importante) en cuanto a la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Y, ¿qué decir de la postulación de los magistrados del Poder Judicial? ¿No es contrario a su independencia que sean los propios magistrados los que postulen a sus colegas? Y como si eso fuera poco, los abogados que les llevan sus causas y asuntos también forman parte del proceso (además de los decanos de derecho, muchos de los cuales también ejercen como abogados e integran alguno de los grupos de política gremial).

La lista no termina ahí, puede hablarse del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de buena parte de la constelación de entidades autónomas del Estado en las que delegados de “los sectores interesados” (he ahí el problema) integran sus órganos de gobierno.

Todo esto refleja, me parece, una mentalidad según la cual los grupos de interés organizados deben integrar los órganos de gobierno y, en ese sentido, “cogobernar” protegiendo sus intereses. ¿Quiénes son las víctimas de un sistema como éste? Pues, muy fácil es advertir la respuesta: los ciudadanos desorganizados.

En efecto, esas masas de ciudadanos ajenos a todo ese tinglado y a las dinámicas de negociaciones que de ahí se derivan entre sindicatos, gremiales, cámaras, partidos, bloques, etcétera, son las que terminan pagando la factura.

A las puertas de una nueva década y de un nuevo gobierno, es necesario, creo yo, que las élites “descubran” que, en aquellos países en que se han erigido instituciones y órganos de gobierno tomando en cuenta el problema de los conflictos de interés, generando un ambiente competitivo y transparente, todos, incluyendo ellos mismos, consiguen mayor prosperidad.