Pocos guatemaltecos no están convencidos de los efectos abiertos y visibles por el mal o pésimo estado de las carreteras del país en un porcentaje abrumador. Hay otro grupo de mayor tamaño que no ha comprendido en toda su magnitud las consecuencias de la pérdida de vidas entre quienes las utilizan, y los daños colaterales en la economía del país analizada en su conjunto. El imparable aumento de vehículos sin un incremento en el número de carreteras y de sus carriles es a la vez otro efecto negativo, complementado por el constante incumplimiento de las leyes de tránsito, traducido en la pérdida de vidas inocentes motivada por irresponsabilidades como conducir ebrio, a excesiva velocidad y en vehículos sin debido mantenimiento, y la corrupción de los agentes policiales.

Algunas muestras son evidentes consecuencias del imparable aumento del número de vehículos, lo cual no ha ido acompañado de un incremento del número de carreteras, mucho menos con las especificaciones técnicas internacionales. Los vehículos, literalmente, ya casi no caben y provocan embotellamientos y disminuciones en la velocidad promedio. Viajar de la capital a San José, por ejemplo, puede tomar tres horas; hacia Puerto Barrios, casi ocho; a Antigua, casi tres; Cobán, seis; Quetzaltenango, seis porque el paso interrumpe su fluidez en la obra más “espectacular” de Jimmy Morales: el libramiento de Chimaltenango. Es obvia, entonces, la urgencia de solucionar vía obras de infraestructura, por el larguísimo tiempo necesario para trasladarse en este país.

Una excepción es la carretera al Atlántico entre Guatemala y Sanarate. La ampliación fue construida, financiada y supervisada por Taiwán, cuyo embajador, Adolfo Sun —de tan buena recordación— se encargó personalmente de esa tarea y entonces la posible corrupción de funcionarios nacionales desapareció, en beneficio de Guatemala y también de quienes donaron el dinero porque ese país, ahora amenazado por China Roja, es y ha sido un buen amigo de Guatemala. Debido a ello resulta obligado preguntar a dicha embajada si las condiciones actuales de ese país permiten donar la obra necesaria en las mismas condiciones de la anterior, y de esa manera lograr el inicio de la confianza nacional respecto de las motivaciones gubernativas para autorizar obras indispensables.

El interés por construir carreteras y caminos entre los politiqueros es la numerosa cantidad de oportunidades de corrupción: disminuir el grueso, no construir drenajes como debe ser, aumentar las horas empleadas por la maquinaria para sus trabajos, cortar taludes de inclinación peligrosa, adquirir materiales sobrepagados y de mala calidad. En las construcciones, emplear hierro más delgado, usar menos cemento en la mezcla, etcétera. La lista es interminable y hay casos espectaculares, como el del puente de Los Esclavos, construido en tiempos de la Colonia y capaz de resistir las correntadas del río mientras el puente moderno, con técnica actual, sigue resistiendo estoicamente a la Madre Naturaleza.

Hay programas internacionales de asistencia para obras de infraestructura. La única forma de lograr la atención de los posibles países donantes es solicitar ese control de los fondos. Mencionar la supuesta soberanía nacional y hablar de intromisión en el manejo de asuntos internos, simplemente es una bufonada. No comenzar a actuar a la mayor brevedad posible, con la colaboración del sector privado, solo complicará la solución. Nadie quiere visitar a un país donde es más corto el tiempo de venir de Estados Unidos o de Europa, al necesario para ir de un lado al otro de los numerosos lugares paradisíacos e históricos. Se comprueba: la corrupción es un monstruo de mil cabezas.