Constituye una verdadera tragedia nacional la negativa de las autoridades de todos los niveles a participar y preocuparse por el manejo de las aguas residuales, forma elegante de llamar a los líquidos con todo tipo de deshechos, sobre todo las miasmas humanas, basura y residuos industriales. Se une el desprecio de una abrumadora mayoría ciudadana, sin diferencias de estatus socioeconómico, étnico, educativo, por todo aquello referente al cuidado de la naturaleza. Es emergente esta dolorosa realidad porque los estragos ya han empezado a ser evidentes, y por ello el burlón calificativo de “ecohistéricos” a quienes se dieron cuenta desde hace décadas ya no tiene razón alguna. No es solo un problema de subdesarrollo económico, sino de atraso de pensamiento y del papel del ser humano como destructor de su única casa: la Tierra.

Se comprueba una vez más: la existencia de leyes no garantiza ningún avance o cambio en nada si no hay, primero, una certeza del castigo a quien las rompe, y segundo, una aceptación de las razones para haberlas creado. Esto se complica aun más cuando se considera a la libertad individual como el factor más importante, sin preocuparse por colocarle límites a fin de defenderla para evitar su conversión en un libertinaje. Pero esa es la base de un tipo de pensamiento ajeno a los propósitos de esta columna. Es más cercano y menos complicado resolver, preocuparse porque se cumplan las leyes existentes, y eso comienza con las plantas municipales de tratamiento de aguas de todas las comunas del país, comenzando con la más depredadora: el área metropolitana.

En el orden de jerarquía de los gastos estatales y municipales el costo y mantenimiento de esas plantas está plenamente justificado. En las ciudades más contaminantes, obviamente, debe ser donde se emprendan estos esfuerzos, cuyo éxito no se puede confiar a las autoridades ediles, sobre todo en las cabeceras departamentales, sino a una entidad de alcance nacional encabezada, organizada y dirigida mayoritariamente por personas del sector privado, para de esa forma unificar los esfuerzos en beneficio nacional con un plan de medidas a inmediato, corto, mediano y largo plazo. Ya ha habido esfuerzos de ese tipo en áreas específicas. No hablo de una entidad burocrática convertida en guarida de parientes, amistades y miembros de alguna rosca política.

Los alcaldes, todos, construyen obras “notorias y bonitas”. Hace algunas décadas el alcalde capitalino Leonel Ponciano se preocupó por la obra invisible, bajo tierra, gracias a la cual la ciudad mejoró. Nadie lo recuerda ni a él ni a sus esfuerzos, pero fueron positivos. Ahora, la mayoría de esos funcionarios piensa en la siguiente elección y en los negocios derivados de obras ediles realizadas gracias a contratos con empresas de poca monta dedicadas a beneficiar a quienes los premian con los mismos. El gobierno no escapa de esto, y el caso del libramiento de Chimaltenango es solo un ejemplo. Mientras, como han señalado expertos, el 95 por ciento de las aguas superficiales están contaminadas, lo cual afecta los procesos biológicos y alcanza a todos los habitantes.

El tema del agua también tiene otro aspecto fundamental: la reducción del manto de las aguas subterráneas a causa de la tala inmisericorde de los bosques, de construcciones para desarrollo de viviendas y edificios en lugares donde no hay más espacio para el aumento de vehículos de todo tipo. No es cuestión solo de tener licencias, sino de pensar hacia el futuro, como lo hizo de manera visionaria el ingeniero Raúl Aguilar Batres y su equipo para diseñar El Trébol, el cual solo quedó corto después de cuatro décadas. El futuro llegó desde hace años y lo peor es la ausencia de pensamiento lógico de quienes deberían tomar decisiones al menos mínimamente correctas, y la falta de programas de concienciación de la importancia de la actividad individual para salvar al planeta.