Este año Guatemala cerrará con la carga tributaria más baja de los veinte últimos años. Se estima que cerrará con 9.75% del producto interno bruto (PIB), cifra similar a la de 1998, cuando fue creada la Superintendencia de Administración Tributaria, ante los problemas tributarios que el país tenía. Este dato es alarmante, pues prácticamente es la más baja de América Latina y una de las más bajas a nivel mundial. La comparación se agudiza si se utiliza el indicador de Presión Fiscal Equivalente, que adiciona a la carga tributaria el ingreso en seguridad social y en recursos naturales, en los que Guatemala tiene porcentajes bajos, cercanos al 2% en seguridad social, debido a los sistemas de contratación que no contribuyen al IGSS, y 0.1% en recursos naturales, provenientes de exiguas regalías de parte de explotadoras de estos recursos. Se considera un año perdido. Se especula que la brecha cerrará en 2.5 millardos a final de 2019. Esto se traduce en un gobierno pequeño y débil.

Paradójicamente el problema no se resuelve al aumentar los porcentajes y clases de impuestos, como es la tentación de cualquier gobierno nuevo al asumir el poder. La raíz de la problemática es que existe una sistemática, deliberada y, en algunos casos, autorizada evasión fiscal. Todo esto amarrado a una pobre calidad del gasto público, erogándose porcentajes altos en funcionamiento, con un porcentaje alto en pagos de salarios, en detrimento de los gastos de inversión.

Es indispensable aumentar el número de contribuyentes y mejorar la calidad de la tributación, así como del gasto público. Debe buscarse la forma en que pague impuesto la economía informal, sector que está alcanzado porcentajes arriba del 75%. El enfoque debe ser principalmente en “los grandes de esta economía informal”. Existen comerciantes poderosos en la total informalidad, por ejemplo algunos ubicados en el Cenma, Terminal zona 4, áreas de la 18 calle, mercados regionales, etc. Donde se comercializa todo tipo de productos, “a la palabra” sin papeles de por medio, por ejemplo: animales, vehículos, casas, terrenos, etc. Existen prestamistas en estos lugares que “prestan a la palabra”, a una tasa del 5% por pocas horas, mientras se realizan intercambios de mercancías, prestando el mismo dinero hasta cuatro veces al día: como a las 2 de la mañana con los compradores de camiones, tipo 5 de la mañana a mayoristas, 8 de la mañana a minoristas, y a los detallistas, hasta 7200% de interés anual.

Otro rubro a considerar es el contrabando. Se publicó que es más del 70% de los productos que ingresan al país, la evasión fiscal es alta, habiendo, además, subvaloración aduanera en productos que ingresan al país. La competencia que estos productos le hacen a los locales es desleal.

Debe existir también mayor control a grandes empresarios que continúan evadiendo impuestos con un sinfín de argucias legales. Se acogen al régimen optativo y pagan el 25% sobre utilidades, que minimizan por varios medios, como, por ejemplo, formando consorcios de empresas que se facturan entre ellas, formación de fundaciones que ellos mismos administran, al exigir a los trabajadores que cobren mediante facturación, etc. El exsuperintendente Francisco Solórzano iba por buen camino, pisándoles los talones; sin embargo, la presión fue alta para que fuera destituido. Aunque no todos los empresarios grandes caen dentro de este rubro, sería más transparente el régimen general, en donde pagan el 5% sobre los primeros Q30 mil mensuales y 7% sobre el resto de la facturación.

Aunque no se quiere aceptar, es la clase media la que soporta el pago de impuestos, ya que la mayoría se acoge al régimen general para no tener complicaciones fiscales, y con su consumo prácticamente paga el impuesto al valor agregado. Es necesario hacer números y las instituciones a cargo deberán actuar. Si se puede…