Es de interés nacional la resolución de los casos, sobre todo de alto impacto, tanto para quienes tienen agendas ideológicas —y por ello parcializadas y no confiables— como para los muchos ciudadanos interesados en finalizar la etapa sufrida por el país en el campo de la imparcialidad dentro de la justicia.
Algunos jueces han sido notorios a causa de la importancia nacional de los casos analizados por ellos, como los ya mencionados. La juez encargada, Erika Aifán, es uno de ellos y se ha convertido sobre todo en las últimas semanas en centro de ataques y de defensas, realizados en su mayoría por mensajes anónimos en las redes sociales. Es imposible estar de acuerdo con la totalidad de su fallos, pero incluso algunos de quienes han sido afectados reconocen una tarea realizada con muchos aciertos y menos errores.

La juzgadora, claro, no es bien vista ni rechazada por todos. Ahora, sus enemigos políticos la convirtieron en el blanco de varias solicitudes de retiro de su antejuicio por presuntos excesos realizados por ella en varios casos. El derecho de petición está contemplado en la Carta Magna y por eso no es criticable, pero ella solo puede ser señalada cuando ya haya un dictamen. Es obvia su necesidad de comenzar a borrar los motivos de los señalamientos, y se debe iniciar con corregir erróneas o malintencionadas decisiones legales anteriores, aun cuando no sean propias. En ese sentido debe tener cuidado en actuar a la mayor brevedad posible y sin dar motivo a críticas justificadas. Hacerlo ayudará a borrar los ataques a Estados Unidos por los comentarios positivos a su trabajo, con los cuales no siempre estoy de acuerdo.

Hay un caso específico y de interés. La semana pasada se supo en el país la nueva decisión tomada por la Feci de solicitar el cierre de la investigación contra el exembajador Julio Ligorría Carballido, porque a su criterio no existen causas válidas para abrirle proceso por su presunta participación en el financiamiento ilícito electoral y en lavado de dinero. La Audiencia Nacional de España no aceptó la petición de extraditarlo en el 2017, por no haber encontrado pruebas de faltas a la ley, y desde esa fecha ha residido en España. La anterior Feci ya había solicitado apoyo a la Fiscalía Internacional del MP, pero esta tampoco pudo lograr un nuevo caso. Ahora, la nueva Feci le ha solicitado a la jueza Aifán dar por concluida la pesquisa.

A mi juicio, corresponde a la jueza Aifán atender a la nueva Feci, porque los señalamientos tienen una seriedad de primer orden en EE. UU., donde Ligorría Carballido fue embajador por dos años. Es su oportunidad para demostrar el apego de la letrada a la ley en las decisiones tomadas. Obviamente recibirá críticas mordaces de quienes solo aceptan la justicia cuando coincide con sus criterios e intereses. Pero a la jueza nacional le será posible y de seguro fácil señalar el porqué de su decisión, basada en la falta de medios de convicción, tal y como apuntó en su momento el prestigioso sistema jurídico español, severo para castigar decisiones y acciones legales incorrectas, como es el caso del yerno del rey. Ella tiene la decisión, y sea cual fuere la que tome, enfrentará la diatriba de politiqueros, activistas y juristas parcializados. La reciente petición de la nueva Feci no debe estar dirigida a un caso específico, sino a la totalidad. Es una de las formas más efectivas del retorno de la credibilidad ciudadana en el sistema jurídico, donde por infortunio hay demasiados casos de corrupción, politiquerización y descuido. Sin analizar otros fallos de la jueza Aifán, esta vez tiene bases para cerrar la investigación del caso, basado en pruebas declaradas dos veces por los jueces españoles como no válidas. Junto con la corrupción, la parcialidad jurídica destaca entre las peores lacras de nuestro país y el continente. La lucha por evitar la caída de Guatemala en las garras del populismo como preámbulo a la dictadura vía los votos es actuar en la justicia con la independencia más estricta posible.