En Guatemala el camino del infierno está empedrado con las lajas de las buenas intenciones. Antes de la creación de la Carta Magna en 1984, posteriormente cambiada en algunos artículos como consecuencia del burdo autogolpe del delincuente Jorge Serrano, fundar un partido político era un proceso difícil y complicado. Por ello su número era escaso y a este elemento se agregaba el factor de la ideología real: existían el Movimiento de Liberación Nacional, representante del derrocamiento de Árbenz en 1954 y por tanto de derecha declarada y abierta; el Partido Revolucionario, integrado por ciudadanos participantes o simpatizantes de la gesta cívica de 1944, la cual marcó el fin de la dictadura de Ubico, y la Democracia Cristiana, integrado por jóvenes inspirados en la DC europea.

Con la idea de facilitar la participación, porque dichos partidos estaban, todos, encabezados por un dirigente y un grupo de seguidores cercanos, de ideología afín, se decidió reducir a apenas cinco mil el número de personas para crear nuevos partidos. Surgió la Unión del Centro Nacional, basado en el partido Unión del Centro Democrático, de Adolfo Suárez, un partido equidistante ideológicamente surgido en España, y con ello, desafortunadamente, comenzó una superpoblación de agrupaciones cuasi tribales, encabezadas por un jefe-financista. La ideología quedó fuera, y sólo se le mencionaba en forma suigéneris. Comenzó a hablarse de una “derecha” y una “izquierda” sin ninguna base para ser calificada de esa manera, y todo dio paso a una serie de oportunistas.

Así surgieron los dizque dirigentes o líderes, como Serrano, Arzú, Portillo, Berger, cada vez peores en cuanto a su rapacidad y pillaje de las arcas nacionales. Si bien el amiguismo y el nepotismo habían estado presentes desde siempre, éstos se multiplicaron hasta convertir la llegada al gobierno en una licencia para delinquir, robar, engañar descaradamente a los votantes, comprar o dar dádivas —camisetas, gorras, etcétera—. La calidad de los “líderes” era un chiste de mal gusto y el país se convirtió en una caja casi inconmensurable de negocios sucios en los cuales participaron alegremente representantes de la totalidad de sectores económicos, sociales, académicos, etcétera. Muy pronto cayeron en las garras de la corrupción las instituciones legales: la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral. De las municipalidades no hay necesidad de hablar, sobre todo de la capital.

El resultado es obvio. El país está naufragando y parece imposible de salvarlo. Los malos abogados chanchulleros aprovechan toda clase de artilugios legales para atrasar, entrampar, y también financiar y comprar dictámenes pseudo legales, tanto en juzgados como magistraturas y cortes. El ego acabó con el partido de la exguerrilla. A todo esto ha contribuido la tragedia de votar por el menos malo y en este momento aún no se sabe cómo actuará el presidente electo, quien tiene la oportunidad de dar un cambio de 180 grados. Un factor terrible ahora es la decisión del actual régimen jimmista de hacer todo lo posible por causarle problemas a su sucesor, quien no puede darse el lujo de continuar haciendo las barbaridades de los últimos cuatro gobiernos.

En estas circunstancias, una de las tareas más importantes es la eliminación y el cierre de la totalidad de esos “partidos políticos”, así como de darle a la ley respectiva una serie de cambios con el fin de dificultar la creación de tribus politiqueras, y de poner condiciones para ejercer cargos públicos. En suma, un borrón y cuenta nueva. Una especie de repetición de cuando Alejandro Magno rompió el nudo gordiano de un golpe de espada. El desprecio de los sectores juveniles del país se debe a estar convencidos de la imposibilidad de lograr resultados distintos haciendo lo mismo y con los mismos maleantes politiqueros. Ya tuvieron su oportunidad, varias veces, y fallaron. Las generaciones nuevas actuales comprenderán y aceptarán las razones para esa tábula rasa política.