En economía, el mercado se entiende como un proceso de coordinación social que resulta del intercambio voluntario entre personas en un marco institucional que protege los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos. En la literatura económica, muchos de los argumentos que abogan por un mayor papel para el gobierno, descansan sobre el concepto de “fallas del mercado”. Argumentan que hay muchas áreas en las que las fuerzas del mercado no operan de manera efectiva y por lo tanto es necesaria la intervención del Gobierno. Hay una escuela de pensamiento que reta esta forma de pensar, conocida como la teoría de opción pública —Public Choice Theory—. Propone que, si bien los mercados son imperfectos, en materia de políticas económicas no puede sencillamente suponerse que algún tipo de intervención estatal conducirá a mejores resultados. No puede compararse mercados imperfectos con gobiernos perfectos, debe compararse con gobiernos también imperfectos.

La teoría de opción pública utiliza las herramientas del razonamiento económico para examinar la política. Ve la política de manera realista, no romántica, como suele hacerse en el acontecer político o las ciencias políticas. Los actores políticos, incluyendo la “sociedad civil”, son personas de carne y hueso que actúan por interés propio, seres humanos con las mismas imperfecciones que los que actúan en el mercado. No es que las personas que actúan en el mercado actúan por interés propio, mientras las personas en el gobierno o la sociedad civil actúan por el bien común.

Esta conexión entre los supuestos realistas empleados para analizar la acción de personas en el “sector privado”, con la acción de personas en el “sector público”, no se reconoció explícitamente, sino hasta mediados del siglo pasado, con el trabajo de pensadores como James Buchanan, Gordon Tullock, Mancur Olson y Kenneth Arrow, que dieron forma a la teoría de opción pública. Anteriormente, se razonaba bajo la premisa que las políticas públicas necesariamente tenían detrás la intención del bienestar social.

No es sostenible una teoría dual de la acción humana. Cuando se examina el proceso de mercado, se entiende que si los incentivos están correctamente alineados, las acciones de individuos persiguiendo su interés propio beneficiará a otros. Parafraseando a Smith, es el interés propio del panadero, el carnicero y el verdulero, que pone la cena en mi mesa. Hacen el bien, no pensando en mí, sino buscando su propio interés. Si se tiene una teoría consistente de la acción humana, al reconocer que las personas en el mercado actúan por su propio interés, tiene que reconocerse que las personas que participan en el proceso político democrático también actúan por interés propio. No puede suponerse que funcionarios y activistas políticos se transforman en personas que solo les motiva el bienestar de otros.

Quizás hoy estas reflexiones parecen evidentes. Cuando se examina lo que pertenece a la esfera del mercado o del gobierno, hay que comparar iguales. No se puede comparar una noción idealizada de actores de gobierno con la idea que los actores de mercados tienen intereses de menor nobleza. El gobierno es al menos tan imperfecto, sino más que el mercado. Opino que más, porque el mercado se anida en la persuasión, mientras que el gobierno lo hace en la coerción. En el mercado las personas cargan con el costo de sus propios errores, el actor de gobierno traslada el costo de sus errores a otros. Estas ideas son siempre útiles para evaluar políticas públicas y exigencias de la sociedad civil y grupos de presión.