El Tribunal Supremo Electoral francamente está extraviado. En vez de simplemente derogar o eliminar su estulta decisión de censura a la expresión del pensamiento, protegido por una ley de rango constitucional, afirmó estar dispuesto a “revisar” el texto. Ayer en la tarde, por mayoría, no unanimidad, eliminó semejante entuerto legal, pero ya hay dos efectos terribles: el daño a su credibilidad y sobre todo a la imprescindible confianza ciudadana en el motivo real de sus decisiones, además —claro— acerca de la capacidad profesional de la totalidad de sus integrantes, por haber firmado. Me recordó la torpe decisión del Congreso de emitir una ley para proteger a los acusados de corrupción, pero con beneficio a la totalidad de los asesinos y demás criminales. La eliminaron, pero su desprestigio aumentó.

Con razón, este claro ejemplo de ignorancia o mala fe —peor posibilidad— había sido acremente criticado por representantes de sectores nacionales, periodistas e instituciones del gremio, así como de defensores de los derechos humanos. No se puede olvidar el derecho ciudadano de no estar obligado a obedecer una ley nula de hecho por ser inconstitucional o ilegal. Solo imaginemos a algún medio informativo o comentarista pidiendo permiso al TSE para entrevistar u opinar sobre algún político, cuyo partido será consultado, “a ver si le parece”. Pero además, imposibilitar esa tarea porque tanto el TSE como el partido podrían tardar cualquier cantidad de días para autorizarlo. Por eso, no es de extrañar la protesta de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Cámara Guatemalteca de Periodismo.

Se comprueba: las entidades estatales están en una nueva y abierta lucha contra la libertad de expresión. La Corte de Constitucionalidad tiene semanas de tener en sus manos el expediente para derogar otro intento similar. Por ser el TSE el encargado de comprar espacios de propaganda a los medios pertenecientes a una lista voluntaria, dispuso el pago de un 20% de las tarifas, en espacios y tiempos en los medios. La Dirección de Medios, cuyo efecto real es de censura, no tiene capacidad para saber cómo funciona el financiamiento de la propaganda. Todo esto solamente abona en las preocupaciones de quienes ven estas elecciones como una gran posibilidad de regresar a los ya lejanos tiempos de las dictaduras, cuando “se ganaban los comicios, pero se perdían los recuentos”.

Los magistrados del TSE no se pudieron dar el lujo de ignorar o no entender las consecuencias de esta sorpresiva y escondida decisión. A la derogación debería agregarse una solicitud de perdón a los ciudadanos porque, si bien es cierto en algunos otros países hay acuerdos para los debates, son voluntarios y nunca se inmiscuyen en la labor de opinión política periodística, de analistas o de quienes opinan sobre la relación de una forma de pensamiento —ideológico, académico, religioso— con aspectos de gobierno o de candidaturas, parlamentos, etcétera. Ciertamente, en muchas ocasiones es largo el lapso necesario para el desaparecimiento de la vergüenza emanada de patinazos intelectuales y profesionales.

Mi preocupación no es causada por este absurdo, ya eliminado, sino por la decisión de otorgarle a personas inexpertas y con pocas luces, nombradas a dedo por el TSE, el papel de encargarse de manejar temas tan importantes como la libre emisión del pensamiento, en lugar de ser el ente de control de unas elecciones donde no se repita la tradicional calma de los votantes de los últimos comicios, sino de la multitud de representantes de los “partidos”, quienes, al ser demasiados, obligan a colocar mesas gigantescas y complican el recuento de votos. Me alegra el cambio de criterio del TSE y me preocupa la permanencia en su seno de una persona incapaz o sin voluntad de entender la gravedad de las consecuencias. Parecería como si la decisión eliminada haya sido el resultado de una orden o de una sugerencia de gentuza mal intencionada.