La mayoría de comentaristas de prensa y analistas políticos se encuentran en este momento entretenidos en el análisis del fondo de las elecciones de junio, así como en adivinar quiénes irán realmente a participar, como consecuencia de la peculiaridad de la situación actual, especialmente marcada por la judicialización de la política, tema al cual no me referiré en este artículo. Independientemente de eso, existe una serie de dudas de índole puramente práctica, a las cuales me referiré ahora porque no han sido explicados y talvez tampoco analizados en sus verdadera importancia por las autoridades electorales. La explicación de asuntos aparentemente sin importancia resulta ser fundamental porque los detalles, aunque insignificantes, pueden ser importantes.

Uno de esos factores es el número de participantes cuyas fotos aparecerán en las papeletas. Si son 20 (número aparentemente conservador) deberá haber lugar para 40 caras, y el espacio utilizado debe a la vez permitir la colocación de los nombres de ellos y de los partidos. El tamaño del documento entregado a los votantes puede llegar a tener 35 o 40 centímetros de ancho y las fotografías de los aspirantes tienen grandes posibilidades de no ser fáciles de identificar. Por aparte, el espacio necesario para permitir representantes de cada uno de los partidos políticos debe ser más grande, a fin de poder quedar todos, y el problema mayor se dará cuando se esté realizando el conteo de los votos y estos delegados partidistas ejerzan su misión de pelear por todos y cada uno de ellos.

Sin duda, habrá discusiones provocadas por quienes vayan arriba y deseen afianzar su distancia favorable, pero además por aquellos con la esperanza de alcanzar al aspirante delantero, e incluso de quienes, aun sabedores de la imposibilidad de siquiera acortar distancias, quieren quedarse con la satisfacción de contribuir a la disminución de los sufragios favorables a quien gane. Pero esto atrasará el tiempo del conteo y por tanto el de la entrega de las actas a las autoridades electorales. Tal atraso se reflejará en el anuncio oficial del resultado definitivo de las elecciones. No parece haber duda: el incremento del número de participantes es negativo para la democracia, aún tan sui generis como la guatemalteca. Le quita seriedad y sobre todo confiabilidad.

Otra duda muy seria se refiere a quién manda realmente en el proceso de los comicios. Si el Tribunal Electoral es Supremo, sus resoluciones deberían ser las definitivas. En la actualidad, la participación de la Corte de Constitucionalidad la ha convertido en una especie de corte celestial, y si a ello se agregan sus diversos y contradictorios fallos, más la actuación de la Corte Suprema de Justicia, parecería haber sido decidido por alguien, o por un grupo específico, en favor de la desconfianza y la incredulidad. El resultado puede manifestarse con una menor participación y esto beneficia directamente a los candidatos ya conocidos por el electorado, aunque en anteriores oportunidades hayan perdido o hayan recibido el mayor número de votos en contra de la historia política guatemalteca.

Todas las instituciones relacionadas de manera directa o indirecta en las elecciones tienen la obligación de tomar en cuenta como parte de sus consideraciones el aspecto político de las acciones jurídicas relacionadas con las elecciones y sus participantes. Ciertamente, esas decisiones definitivas molestarán a muchos y por ello se sentirán afectados. Se debe tomar en cuenta, como asunto político, cómo serán interpretadas por la población las razones legales esgrimidas. Conforme pasan los días, parece afianzarse la idea de no participar. Ello aumentaría la calidad de minoritarias de las elecciones guatemaltecas, característica de todos los comicios, con excepción de las convocadas para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, una tarea crucial para el TSE es despejar las dudas esbozadas en este artículo.