Según la Constitución, el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia. Su fin supremo es la realización del bien común (Art1). Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral de la persona (Art2)… bonitos enunciados que no se cumplen. Y ante la ausencia de verdaderos partidos políticos, desde hace más de 30 años vamos de mal en peor, jugando cada cuatro años al Tin Marín para elegir nuevas autoridades.

Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo. (Art140). Su soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (Art141). Al ejecutivo corresponde velar por el funcionamiento de la administración y ejecución de la obra pública a cargo de los ministerios y demás instituciones, dirigido por el Presidente de la República, Jefe del Estado de Guatemala, quien ejerce las funciones del Organismo Ejecutivo por mandato del pueblo (Art182).

Como sabemos, al atrofiarse por la incapacidad de sus integrantes, el Estado dejó de cumplir esas funciones esenciales. De ahí que el desarrollo del país esté estancado y los esfuerzos que se hacen, desde diversas instancias, deban sufrir una vía tortuosa de trámite para su autorización. Los ejemplos abundan. Desde una simple solicitud de licencia de construcción en una municipalidad hasta la generación de fuentes de energía, trazo de nuevas carreteras, explotación de recursos naturales, etcétera. El burócrata cumple su función de obstruir el trámite, y lo agrava cuando su acción viene aderezada por la corrupción que agiliza cualquier operación.

Esta semana, ante la insistencia de un querido amigo con quien mantengo vivo el ejercicio del diálogo y la discusión en torno a asuntos generales de mutuo interés, tuve la oportunidad de visitar los trabajos de cierre de la Mina Marlin, en San Marcos.

Once años de operación representó en millones de quetzales, por concepto de impuestos directos, 2,157 e impuestos indirectos 3,387. Por regalías el Estado percibió 913.267, que me parece una bagatela. El pago de IUSI por las tierras adquiridas hizo del municipio de San Miguel Ixtahuacán el más rico de Guatemala, pero, ¡oh sorpresa!, sus autoridades no lo aprovecharon para beneficio de la población. Caso contrario fue el apoyo a los comités comunitarios de Desarrollo, que solicitaron ayuda puntual para servicios educativos, de salud y seguridad. Fueron capacitados cerca de dos mil vecinos en un amplio rango de trabajos, llegando a formar técnicos que han emigrado para aplicar conocimientos y brindar capacitación en otros países. Se crearon cerca de cuatro mil empleos —directos y contratistas—, generando una dinámica económica inusual.

Durante el recorrido fueron evidentes los cambios topográficos que implicó la explotación a cielo abierto de un territorio de vocación forestal. Sin embargo, el trabajo de recuperación ambiental y desmantelamiento de la infraestructura son de alto grado de especialización, trabajos que se monitorearán hasta 2020. Es fácil inferir que el proceso completo tuvo esas mismas características derivado del nivel técnico y profesional del personal que nos guió.

Algunas de las obras de infraestructura fueron premiadas a escala nacional por su calidad técnica y de realización. Esa realidad no puedo dejar de contrastarla con la pobreza de la obra pública que el Estado ha hecho en las últimas tres décadas, en la que, bien sabemos, prevalece la pobreza de diseño, ejecución y durabilidad; miseria que representa los amplios márgenes de corrupción a la que funcionarios venales han orillado la cosa pública.