La semana pasada dediqué la columna a apoyar el esfuerzo de movilización de recursos del señor Rubén Álvarez, padre de Jessi Álvarez, para juntar los fondos necesarios para poder hacerle un trasplante de riñón a Jessi, una dulce joven que padece de insuficiencia renal crónica desde los tres años de edad. Por error puse incompleto el número de cuenta de Jessi, asunto por el cual le pido disculpas. Les animo nuevamente a que puedan colaborar y así Jessi pueda someterse pronto al trasplante renal y la terapia que necesita con urgencia. La cuenta es de Banrural, está a nombre de Jessi Álvarez y el número correcto es: 3313-0193-79, y el celular de don Rubén es 43947331.

Como referí también, la enfermedad renal —aguda y crónica— se ha convertido en las últimas décadas en un enorme problema de salud pública. Entre el 2008 y el 2015 prácticamente se ha duplicado el número de casos de enfermedad renal crónica (ERC) en el país. Peor aún, por cada paciente con alguna forma de tratamiento, se estima que hay al menos otros cien cuyo padecimiento renal aún no ha sido detectado.

Las mayores prevalencias se localizan en la Costa Sur y el nororiente; Petén y la parte norte de Quiché. Es una enfermedad padecida principalmente por adultos mayores, generalmente antecedida o asociada a hipertensión arterial o diabetes mellitus. No obstante, y como se está documentando crecientemente en toda Centroamérica, cada vez hay más jóvenes y adultos jóvenes con la enfermedad. Se ha visto especialmente en quienes trabajan en oficios agropecuarios con exposición continua a altas temperaturas, deshidratación y plaguicidas y otras sustancias tóxicas que todavía se emplean en la agricultura en toda la región; ellos están padeciendo tempranamente insuficiencia renal. Es, por ende, un ámbito de la abandonada área de salud ocupacional y donde las empresas agrícolas y organizaciones de productores tienen un gran papel que jugar.

El sistema de salud todavía no está suficientemente preparado para enfrentar este gran desafío: el 31% de la población ocupada del país se dedica a actividades agrícolas y/o pecuarias, pero solo el 10% de la población asalariada rural está afiliada al IGSS. El resto debe acudir a los servicios del Ministerio de Salud, ya que la mayoría no tiene capacidad de adquirir un seguro privado. Es más, tampoco así tiene todo garantizado, pues el sistema de aseguramiento privado, para ser rentable, excluye o limita el acceso a servicios justo a quienes más lo necesitan. Esta es un área en la cual hay que profundizar a la hora de plantear reformas sustantivas al acceso a servicios de salud en el país. Actualmente, el Estado está casi al margen en su rol regulador de este sector.

Por otra parte, la falta de acceso a servicios de atención primaria y la limitada visión sobre la importancia estratégica de la promoción de la salud y la prevención temprana de las enfermedades lo complican todo. Actualmente, la ERC se está detectando en estadios donde la función renal ya se encuentra comprometida seriamente, y requiere tratamientos mucho más complejos y costosos, como el de Jessi, elevando el costo de atención, tanto para los pacientes como para los servicios de salud.

Hay esfuerzos en curso: el Ministerio de Salud, con la Unaerc; el IGSS, con su Departamento de Enfermedad Nefrológica, la unidad de Hemodiálisis y su nueva política de prevención. Hay varias fundaciones privadas que apoyan a pacientes de escasos recursos que logran colarse dentro del sistema. Los demás, la mayoría, están a la deriva, posiblemente ignorando todavía que sus riñones puedan estar dañados o sin posibilidad de hacer algo al respecto.