Archivar el proyecto de ley no significa eliminarlo sino dejarlo engavetado, listo para ser sacado en una futura ocasión ya sea por este Congreso o por algún otro. Esto se debe tener muy claro al analizar la decisión parlamentaria del miércoles, apoyada por diputados afines al oficialismo. La ciudadanía guatemalteca tiene el derecho de saber si en realidad está eliminado, no solo colocado en una urna de cristal, en un nuevo cuento, no de hadas sino de brujas llamado “la Fea Durmiente”. Es fundamental una declaración oficial, a causa de la actual guerra declarada por el gobierno en contra de toda forma de expresión de criterios contrarios a las numerosas acciones ilegales facilitadoras de las dictaduras cuando se encuentran en proceso o ya están afianzadas.

En los últimos días el gobierno, a través de sus incondicionales, creó dos bodrios pseudolegales y se vio obligado a dar marcha atrás ante la andanada de críticas y señalamientos de entidades representativas de sectores nacionales ajenos al oficialismo. Sucedió algo parecido a una ley de hace un par de años cuya mala redacción permitía la salida de la cárcel de la totalidad de mareros condenados por sus crímenes. Solo estuvo vigente dos días y se convirtió en un ejemplo de la incapacidad oficialista de redactar leyes correctas, como efecto de la maña de legislar a rajatablas. Ahora hay dos casos similares: la ley de protección contra la ciberdelincuencia y la iniciativa 6076, para permitir a las fuerzas de seguridad disparar impunemente a manifestantes.

El miércoles, la presidenta del Congreso prometió archivar el proyecto de la iniciativa 6076. Tuvo éxito la presión realizada por representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, pero ahora se debe saber oficialmente cuál es el significado de archivar un proyecto de ley y especialmente si implica la desaparición total de dicha pretensión. El segundo caso es el del decreto 39-2022, “ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia”, de nuevo con el escondido fin de impedir la libre emisión del pensamiento por medio de redes sociales por la vía de castigar a quienes hagan uso de este y rompan criterios también discrecionales de quienes al molestarse olvidan el derecho legal a criticar sin límite a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones como tales.

Todas las acciones relacionadas con el caso Estado vs. Zamora han demostrado las verdaderas intenciones: silenciar voces críticas y amenazar a todo el sector privado, esto último aun no comprendido por quienes ya han sido advertidos, pero se niegan a aceptarlo. La presión ejercida por los 48 cantones, al instalarse en el Congreso para ser escuchados, abre la puerta a acciones similares y afianza la posibilidad de obstrucciones del paso en las carreteras y en las calles de las ciudades. Esto causa molestia generalizada debido a los daños económicos y a la paralización de vías de paso, pero poco a poco los ciudadanos las identifican como efecto de la mala gestión gubernativa.

La tecnología actual imposibilita el control y castigo de los memes burlones, sarcásticos, insultantes. Tienen el terrible efecto de la burla, sarcasmo y son ejemplo del ingenio de todo un pueblo. Además, se le puede usar como pretexto para la crítica por las vías tradicionales, en especial de la prensa escrita, y el hecho de intentar esta tontería solo se puede interpretar como muestra de la ira ante la reacción popular. No solo debe ser archivada –guardada en una gaveta—, sino eliminada, quemarla y sus cenizas lanzadas a un profundo barranco, a causa de la ausencia de credibilidad en las entidades del Estado y los aprendices de marinero al timón de esos barcos naufragantes.