Hay trampas de las que es muy difícil salir. Es evidente que la comisión de postulación es un modelo ineficiente, burocrático y desgastado para nombrar a funcionarios públicos clave. Quizás la intención era buena; honorables cuerpos colegiados de profesionales sabios y expertos, entregados a profunda discusión y análisis, llamados a reflexionar sobre los méritos de los candidatos, arribando a consensos sobre la nominación de las personas ideales. La realidad es otra, como ha demostrado la experiencia. Las comisiones de postulación son ejercicios engorrosos y politizados en los que predomina la transacción de intereses. Candidatos con mérito y honorabilidad no están dispuestos a someterse al espectáculo de una comisión de postulación.

Actualmente hay tres comisiones de postulación en proceso, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones (CA) y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las comisiones de CSJ y CA retomaron sus actividades luego de que el Consejo de la Carrera Judicial “cumplió” con el requisito de evaluación, mediante una entrevista de 15 minutos a cada uno de los jueces candidatos. Se cumplió con el requisito de forma, pero el fondo dejó mucho que desear.

Las comisiones de postulación para la CSJ y CA están compuestas por aproximadamente tres docenas de abogados cada una. En ambas hay representantes del Colegio de Abogados y Notarios (Cang) y decanos de las facultades de Derecho. En la CSJ hay magistrados de salas de Apelaciones y en la de CA hay magistrados de la CSJ. Son tres “equipos” diferentes. ¿Qué tan fácil es que 36 abogados de tres equipos diferentes se pongan de acuerdo y arriben a consensos? Típicamente, los representantes del Cang tienen consigna de sus candidatos, los magistrados tienen los suyos y ambos grupos compiten por los votos de los decanos.

La comisión de postulación para magistrados del TSE la integran el rector de la Usac, el decano de Derecho de la Usac, un representante del Cang, un representante de los rectores de las universidades privadas y un representante de los decanos de Derecho de las universidades privadas, cada uno con suplente. Muchos abogados negociando en un proceso más que no va a producir buenos resultados.

Como veterano de tres comisiones de postulación para la Contraloría General de Cuentas, conozco el proceso de cerca. Los expedientes de cada candidato se examinan minuciosamente para verificar que no falte un requisito, especialmente algún documento, timbre, legalización o trámite. Hay un exceso de formalismo; mucha forma y poco fondo. La principal fuente de información es la que proporciona el propio candidato en el expediente que somete a consideración y evaluación. La poca investigación que se hace tiene que ver con la verificación de la autenticidad de los documentos que ha presentado el propio candidato. Nada sobre la calidad de su trabajo. Maratónicas discusiones sobre la tabla de gradación, que termina como un avión diseñado por un psicólogo. Luego vienen largas e interminables sesiones de discusión y negociación en las que los comisionados independientes, que no tienen favoritos, terminan cediendo por agotamiento y hastío. Queda la lista negociada por las roscas y con un poco de suerte se cuela un independiente. Misión cumplida; la comisión entrega la lista y el Congreso o el presidente nombra a quienes pensaba nombrar desde antes que iniciara todo el proceso.

Es necesario contemplar serenamente la necesidad de eliminar las actuales comisiones de postulación en favor de un sistema meritocrático y honesto.