Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Guatemala, Alejandro Giammattei, atraviesan momentos críticos provocados por hechos ocurridos en la primera etapa de sus respectivos gobiernos, iniciados —respectivamente de pocos meses— hace pocos meses y sólo cuatro semanas. Los dos casos se parecen en cuanto al factor tiempo: ocurrieron a pocos meses del inicio de su período, en el caso del vecino país, y a sólo cuatro semanas de la toma de posesión del mandatario guatemalteco. Tienen diferencias: el inexperto mandatario salvadoreño se metió él sólo en un lío mayúsculo, y su colega guatemalteco es víctima de las oscuras maniobras de este Congreso, de hecho igual al anterior.

Bukele irrumpió en la sede del Congreso salvadoreño y conminó a sus integrantes a apoyar un préstamo para combatir a las maras. Nadie está en desacuerdo con ese objetivo, pero los mecanismos para lograrlo deben llenar requisitos. Ese parlamento es tal malo como el de Guatemala, pero difieren en la existencia de dos partidos políticos antagónicos ideológicamente y conductores del país durante algunos lustros. Las acciones ilegales de funcionarios de ambos provocaron el hartazgo de los votantes salvadoreños, manifestada en un ausentismo de alrededor del 50% de los votantes y la victoria de un candidato cuya madurez estaba en tela de duda, como ha quedado comprobado.

El peor error de Bukele fue el llamamiento a la insurrección popular, amparado en un artículo constitucional interpretado en forma demasiado amplia. La reacción contraria nacional e internacional lo hizo retroceder, de hecho, y por ello la manifestación convocada para ayer por la tarde no tuvo efectos. Los opositores Arena y FMLN aprovecharon la coyuntura y debilitaron la posición presidencial. La lección es clara: no sólo es importante obtener popularidad en qué debe hacer, sino en cómo hacerlo. La medida de hecho monárquica tuvo un terrible efecto no deseado ni pensado: darle una victoria a los mareros, afianzar a los opositores y demostrar poca habilidad política presidencial. Mientras, los grandes perdedores son los ciudadanos, a la merced de los mareros.

Alejandro Giammattei tiene, por su parte, el problema de la precipitada, mal hecha y poco meditada ley contra las oenegés, todas metidas ahora en un mismo saco, sin tomar en cuenta el valiosísimo e histórico trabajo del voluntariado ciudadano, así como de aquellas entidades fuera del gobierno encargadas de tareas de beneficio social, educativo, etc. Sin duda, a causa de los abusos, se debe poner orden con los grupos financiados internacionalmente, malintencionados a causa de sus motivaciones ideológicas, pero como fue planteado coloca al mandatario contra la pared, posición de la cual saldrá si veta la ley, donde se esconden amenazas varias, entre ellas contra la libre expresión y asociación.

Por aparte, las amenazas contra políticos y funcionarios guatemaltecos registradas en Estados Unidos como parte de las diligencias previas a la condena de Mario Estrada obligan al Estado guatemalteco a indagar al respecto, y los ciudadanos a exigir investigaciones. Es inaceptable el silencio porque los amenazados no estén ideológicamente allegados al gobierno. El caso más claro es el de Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana, ya conocido internacionalmente por haber sido tratado en CNN. El punto es simple: el Ejecutivo debe fomentar y apoyar investigaciones derivadas del descubrimiento de planes para asesinar a alguien, con el agravante de tener relación de algún tipo con el crimen organizado. El doctor Giammattei tiene la decisión de actuar.