Todo mundo está de acuerdo con la frase “es imposible lograr resultados diferentes si se hace lo mismo”. La realidad guatemalteca obliga a acuñar otra: “es ingenuo sugerir, pedir o exigir cambios en las leyes si quienes van a hacerlo son precisamente los culpables de la burla y la desobediencia a estas, a pesar de tener entre sus tareas aplicarlas. Desde hace tiempo se ha mencionado la necesidad de cambiar la Constitución, la forma de elegir jueces y magistrados, lo cual es necesario. Pero ante el callejón sin salida provocado por la actuación ilegal, pero sobre todo inmoral y antiética de los funcionarios a cargo resulta urgente pensar en un mecanismo de cambio basado en el espíritu de las leyes y en la más elemental lógica, no en el andamiaje jurídico.

Cada vez los jueces y magistrados esconden menos sus intenciones de causar daño a la sociedad y, por el contrario, evidencian con claridad servir a quienes los han colocado en sus puestos gracias a maniobras vergonzosas y abiertamente ilegales. Ello conduce a la mala calidad profesional y humana de quienes buscan ocuparlos, y a la creación de personajes oscuros cuya tarea es aplicar todas las presiones posibles, sin importarles un comino la exposición pública, realizada por lo general vía la prensa independiente. En efecto, hay avances en la captura de estos nefastos e impresentables personajes, pero el movimiento del aparato legal, además de ser complicado, permite atrasos a través de amparos y solicitudes muchas veces frívolas e improcedentes.

Los abogados con una hoja de vida aceptable, por ser limpia, no se interesan en llegar a las cortes Suprema y de Constitucionalidad, así como a las diversas magistraturas, ello implica ensuciarse, o al menos dar la impresión de estar sucios a causa de la corrupción, la aplicación de la ley bajo criterios ideológicos dirigidos con la batuta del revanchismo. Los ejemplos, numerosos y conocidos, alcanzan la totalidad de los niveles de las sentencias y las apelaciones. Ganará un caso quien participe en ese juego macabro cuyos efectos son numerosos y variados, así como sus ejemplos. Por falta de seguridad jurídica, nadie en su sano juicio se atreverá a invertir en el país, ya sea guatemalteco o extranjero. Los fallos corruptos o francamente estultos abonan el camino.

Un resultado evidente es la falta de confianza en el sistema jurídico. Tampoco hay independencia de poderes y de esto último el actual gobierno es una prueba fehaciente. Contubernio entre los corruptos arremolinados, el Ejecutivo y el Congreso, ya solo quedan el sistema jurídico y algunas entidades fuera de su control para poder tomar impunemente cualquier decisión y actuar de hecho como el peor sistema totalitario al estilo de los Castro, en Cuba, los Chávez y Maduro, en Venezuela. Al lado de estos delincuentes ahistóricos se encuentran tontos útiles, también ignorantes de la historia e incapaces de entender cómo ayudan a sembrar el árbol donde después serán ahorcados por quienes, según ellos, los apoyan en países de importancia como Estados Unidos.

No veo la dificultad de entender estas reflexiones. Guatemala no está en la línea de importancia de ninguna potencia en este continente o en Europa y el resto del mundo. Su futuro cercano es parecerse a los países centroafricanos, donde hablar de la ley es un chiste cruel, de humor negro. También a la forma como la corrupción aumentó en forma vomitiva para las personas decentes, sin tomar tregua. Cada vez se notan más las malas intenciones de actuar como se hizo con los 30 mil millones de quetzales autorizados dócilmente por el Congreso, sin pedir cuentas. Esta realidad obliga a lograr cambios, pero gracias a presión popular ajena a manifestaciones a causa de la pandemia. El gobierno está escupiendo hacia el cielo de la Historia. Pronto se verán los efectos.