Recibí muchos comentarios en relación con el artículo El problema del tránsito, publicado hace una semana en este mismo espacio. La mayoría de los comentarios cuestionaban que hubiera otro impuesto. La idea es que se cobren peajes por las carreteras privadas y se eliminen todos los demás impuestos, el de circulación y el de combustibles. De hecho, esto lo hemos discutido con mis colegas del CEES (Centro de Estudios Económico-Sociales) desde hace más de 20 años. En el 2005, el CEES publicó una propuesta para la construcción masiva de carreteras y puentes en Guatemala.

La mayoría de las personas que utilizan las carreteras del país se quejan del estado desastroso de estas, además del pésimo diseño, trazo y construcción de muchas de ellas. Esto ha causado que Guatemala tenga una de las menores velocidades de movilización de transporte y vehículos de un punto a otro. La cantidad de vidas humanas que se han perdido por las malas carreteras, trazos, diseños y falta de señalización ha sido enorme. Todo se ha debido al Gobierno, quien ha sido el que las ha construido y controlado. No ha pasado lo mismo con las semiprivadas y las completamente privadas. Así las cosas, ¿por qué no pensar en algo que nos permita tener mejores carreteras, menos congestionadas y más seguras? La solución para mejores calles y carreteras consiste en quitar al Gobierno esa atribución de diseñarlas, construirlas y mantenerlas. Serían calles y carreteras privadas y no se necesitarían impuestos para construirlas.

El 6 de septiembre de 2010, el CEES emitió un comunicado lamentando la pérdida de vidas humanas en las carreteras de nuestro país. Lo resumo a continuación:

Primero: Es lamentable el costo de vidas humanas relacionada con accidentes en las carreteras del país.

Segundo: es claro el fracaso en el trazo, construcción y mantenimiento de la red vial en manos del Estado. Las carreteras en Guatemala se han construido por motivos políticos y no económicos, quedando las comunicaciones del país sujetas a las ineficiencias en planificación y visión del Estado cuando deberían estar al servicio de los ciudadanos, facilitándoles su traslado de un sitio a otro en una forma más segura y económica para el país.

Tercero: que las carreteras destruidas o en mal estado roban rentabilidad a toda actividad que dependa del transporte. De modo que el sobreprecio de los artículos básicos de consumo, las pérdidas de artículos perecederos, la incomunicación y el hambre en las comunidades más remotas son resultado directo del fracaso de la planificación centralizada en la red vial.

Cuarto: que las carreteras deberían ser privadas y su administración y costo repartido entre todos los usuarios, como sucede ya en otros países donde se cobra al usuario mediante un peaje que varía por el tamaño del vehículo, horario y la frecuencia del uso de la carretera. No se requiere ni subir impuestos ni aumentar el presupuesto.

Quinto: que cuando el mercado construye carreteras, los individuos lo hacen más eficientemente, buscando servir mejor al mayor número. Para los constructores y administradores de una carretera privada incluye la posibilidad de afrontar demandas por carreteras mal diseñadas o construcciones mal ejecutadas, de modo que respondan –aun jurídicamente— ante los usuarios. No es así con el Estado, quien es el responsable de las carreteras del país por tener el monopolio de la construcción y administración de estas. Hoy ¿a quién se reclaman los muertos producto del mal diseño de las carreteras?