Como toda obra humana, la Constitución de Guatemala es perfectible. Han pasado 35 años desde su nacimiento a la vida jurídica del país, y si bien se le hicieron algunas reformas algunos años después, se mantuvo su esencia y sus principales logros. Me refiero a crear la Corte de Constitucionalidad, la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, otorgar el cinco por ciento del presupuesto nacional a las municipalidades y a la Universidad de San Carlos, entre otros. Se convirtió en la Constitución con mayor tiempo de vigencia, y funcionó razonablemente bien hasta hace unos diez años, cuando dichos logros fueron tergiversados por el bandolerismo jurídico de algunos. Todavía subsiste, aunque amenazada, la práctica de expresar ideas sin temor de amenazas.

La tergiversación ha sido clara. En la Usac se usa cuestionablemente el dinero del presupuesto universitario; las candidaturas a sus funcionarios desde hace años implican cifras millonarias. El interés de los partidos —y hoy en día de otros grupos políticos corruptos— está directamente relacionado con la numerosa cantidad de instituciones públicas donde esa universidad tiene representación. Se le controla por medio de hacer nombramientos a capacidad o experiencia, de funcionarios, autoridades y catedráticos relacionados con facciones ideológicas ya caducas, afines al crimen organizado o a los grupos corruptos dispuestos al pillaje del país. Además, a causa de asesinatos de sancarlistas de cualquier nivel surgió el evidente descenso de la calidad académica.

Con las alcaldías sucedió algo similar. Poblaciones con presupuestos mínimos, causa de la falta de obras y de progreso, recibieron de pronto sumas importantes. Esto atrajo a los aprovechados y de pronto hubo numerosas obras, pero realizadas por los mismos alcaldes, sus parientes y amigos, escondidos en organizaciones no gubernamentales. Ciertamente hubo muchos casos de empresas de este tipo regidas por personas correctas, pero en demasiados casos las comunas se volvieron fuentes de enriquecimiento negro. Pasaron los años y en la actualidad es común enterarse de dietas abultadas para cada sesión de concejo, algunas de ellas abominables porque se les paga a funcionarios de municipios muy pequeños, con tremendos niveles de pobreza.

Los politiqueros muy pronto vieron la importancia de ganar elecciones a como diera lugar y mantenerse en el poder. Se volvió común emplear al personal edil como acarreados y acarreadores de participantes en mítines donde la plaza se llena con personas pagadas y uniformadas con gorras y camisetas. Queda clara, entonces, la necesidad de algunos cambios constitucionales, para hacer al texto político base del país un instrumento adaptado a la realidad actual. En sí, eso no parece representar peligro, pero sí lo tiene y es terrible porque serían decididos por este Congreso, el peor de la historia. Quienes abogan por esos cambios sin duda alguna rechazarían la idea de permitirle hacerlos a cualquiera de los diputados directivos o del pacto de corruptos.

Si esta gente tuviera un mínimo de decencia y de respeto por el país, se podría hacer un pacto político para hacer algunos cambios acordados por representantes intachables de todos los sectores. Pero de nada serviría: sin duda dejarían los textos necesitados de adaptación y decidirían temas como, por ejemplo, aumentar el período constitucional y permitir la reelección sin límite alguno. Por eso se debe aplicar aquello de “preferible lo viejo conocido”, y lograr una presión ciudadana como la del 2015, hace ya un lejano lustro. Es una mezcla de absurdidad y de candidez confiar en esta gente, sobre todo si están a punto de terminar de hundir a Guatemala. Los cambios constitucionales son peligrosísimos por la mala calidad humana de quienes los autorizarían.