La solicitud del Ministerio Público, o sea Giammattei vía Consuelo Porras, de pedir el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, tiene características distintas a la manera de actuar afianzada a partir de las anteriores elecciones, cuyo resultado ya es oficial, pero aun así hay dudas de quién recibirá el mando el 14 de enero. En este caso no se está burlando la ley porque hay motivos para dudas acerca de un sobreprecio y eso es parte de su función. Sin embargo, aunque sea así, el oculto y verdadero motivo es igual a los demás: una venganza a quienes son calificados de ‘traidores’ a un contubernio o acuerdo anterior, relacionado en la forma como actuó esa entidad, especialmente durante la primera vuelta y luego al declarar oficiales los resultados.

El caso actual del TSE se refiere a la compra del sistema de transmisión del conteo de votos, TREP, por una enorme diferencia de Q148 millones, superior a la pagada en otro país por ese mismo servicio. La investigación es legal y ese tema debe ser aclarado, con el veredicto de absolución e inocencia o de castigo, según sea el caso. Los encargados de divulgar informaciones favorables al gobierno han hecho circular una presunta participación en la empresa vendedora, Datasys, del presidente de la comisión pesquisidora, Enrique Montano, quien no quiso dictaminar con la prontitud exigida y denunció haber sido amenazado por “Yes Master”, a quien identifica como Ángel Pineda, secretario del MP, y al expresidente del Congreso Allan Rodríguez.

La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, votó en contra y por eso no tiene responsabilidad en la compra, pero igual será añadida en la decisión de la pesquisidora, cuyo plazo legal es de 30 días y fue reducido a una semana, a lo cual se opone Montano. La decisión de la magistrada en mención demuestra la importancia de dejar constancia de la oposición cuando alguien quiere comprar algo por mayoría y con eso rompe la unanimidad y de alguna manera siembra desconfianza en buena parte de la población, prejuiciada como consecuencia de las actuales circunstancias de manejos cuestionables o abiertamente corruptos. En todo caso, el TSE durante mucho tiempo fue parte de la toma del Estado y lo comprueban varias de sus actuaciones.

Vale la pena reiterar el peligro del irrespeto a la Ley de Emisión del Pensamiento, uno de los más largos obstáculos para el ejercicio despótico, autoritario o dictatorial de los gobiernos, y derecho inalienable de todo ciudadano. En el actual caso referente a la Usac, la captura de tres decanos, entre ellos el eminente licenciado Eduardo Velásquez, una estudiante landivariana excandidata de Semilla y otro a punto de graduarse, no solo afecta el derecho de expresarse en contrario a cualquier oficialismo. Comprueba constituir una venganza política por haberse expresado, porque el Inacif dictaminó no haber daños a las instalaciones y no encontró motivo para la acusación de daños al patrimonio nacional. Sin embargo, todos integran o simpatizan con Semilla.

Por otro lado, desde hace mucho tiempo me preocupa la polarización social causada por actitudes gubernativas ilegales. En nuestro medio ha habido una actitud complaciente, temerosa, además de acomodaticia y por eso pensar distinto separa familias y amistades. No vale la pena si se es ajeno a vaivenes politiqueros y aunque del diente al labio se defiende la democracia, en la práctica se ve con simpatía cómplice toda acción ilegal pero de acuerdo a ideas personales basadas en el temor a probables o irrealizables hechos del futuro. Las opiniones de muchos ciudadanos se basan en prejuicios, no hechos, y peor aún, se tiende a soñar en alguien todopoderoso capaz de destruir o de beneficiar, él sólo, a toda una sociedad, peor si tiene una complicada multiculturalidad.