La Corte de Constitucionalidad, al anular las pruebas presentadas contra 16 exdiputados del extinto partido Patriota, solamente confirmó las sospechas de las razones de su integración con quienes tienen ahora todas sus magistraturas. En efecto, dejar libres de toda culpa a personajes de la terrible categoría de estos parlamentarios, así como librar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, es una decisión imposible de justificar porque tira por la borda el trabajo de las entidades encargadas de luchar contra la impunidad. Al revisar los nombres de los beneficiados, ni uno solo de ellos está libre de un historial de corrupción, aunque algunos sobresalen con mucho: Estuardo Galdámez, Boris España, Haroldo Quej y Emillenne Mazariegos.

Los casos de corrupción en Guatemala son demasiado numerosos y variados como para recordarlos todos. Esta lacra está presente en los altos puestos de todos los organismos del Estado, pero en el caso del Organismo Judicial, las decisiones incorrectas o dolosas de algún juez de la más baja graduación pueden convertirse en el motivo para un pretexto en las alturas jurídicas del país, y con ello se desintegran o se rajan las paredes del edificio jurídico, dicho en sentido figurado, del país. Ello ahuyenta a abogados rectos del interés por trabajar en ese organismo del Estado, provoca cansancio en la población y espanta las inversiones económicas nacionales e internacionales, además de convertir al país en un paria internacional a nivel subsahariano.

Sería infantil no ver en esta acción de la CC la participación directa o indirecta de un régimen como el actual, en cuyo poder ya se encuentran los tres poderes del Estado y la CC. A la corrupción se agrega ahora la politiquerización de la justicia, porque las decisiones serán basadas en cómo beneficiar a grupos o sus personajes sobresalientes. El gran perdedor es el ciudadano común y corriente, imposibilitado de entrar en el juego de la “pistojusticia” y sin las conexiones familiares o de amistad causantes de veredictos absurdos. Se evidencian los pasos dirigidos a establecer una dictadura en el país y por ello la firma de Guatemala a la condena de la OEA contra Nicaragua solamente es una burla y sobre todo un ridículo, causante de desaliento a la mayoría silenciosa de este país.

La corrupción tiene efectos muy diversos, según donde ocurra. Como ejemplo, Guatemala nuevamente recurrirá a la limosna internacional para la vacunación anticovid, pero mantiene silencio sobre el resultado de la reunión del canciller Pedro Brolo con su homólogo ruso. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública hace rato deberían haber renunciado, por su ineficacia y la de Alejandro Giammattei. En el caso del Congreso, los efectos se presentan en la anulación o promulgación de leyes, ya sea porque afectan o porque se desea beneficiar a los corruptos, una banda también presente, —otro ejemplo— en las aduanas y en los puertos, donde se emplean excusas infantiles para, según las autoridades, se justifica no adquirir equipos para evitar el paso de la droga.

Estos ejemplos mencionados demuestran cómo Guatemala se va hundiendo, como si fueran tragantes municipales, en el fango de la ingobernabilidad. Muy pronto, la lucha politiquera será más clara y abiertamente peleada por narcotraficantes de primer nivel. Es malo cuando estos grupos ilegales pueden influir en los organismos del Estado, pero es muchísimo peor cuando los integran, sobre todo en el Congreso. Cada vez más se va perdiendo la esperanza en el triunfo de los buenos, como cínicamente dijo alguna vez Giammattei cuando era candidato. Somos más, pero estamos atados y somos esclavos de un sistema hoy podrido, cuya putrefacción comenzó por gotas hace varias décadas, hasta convertirse en un caudaloso río donde se ahogan las personas decentes.