La Corte de Constitucionalidad, según la teoría, es una institución importante, si no fundamental en un país con las particulares condiciones de Guatemala. Así funcionó en los primeros años de su establecimiento, pero ahora y a causa de los abusos cometidos al consultarla de manera absurda, o como dicen los juristas, “abiertamente frívola”, se encuentra en el mismo camino de otra figura igualmente desprestigiada, pese a su importancia: el amparo. Aplicado el viejo aforismo jurídico de la posibilidad de mejoramiento de la ley, gracias a su constante revisión, ha quedado evidenciada la necesidad de revisar la manera en que se integra la CC y los requisitos obligatorios para quienes tienen la facultad de elegir a sus diez integrantes, titulares y suplentes.

Las complicaciones devienen de la diversa calidad de candidatos electos y de personas designadas para integrarla, así como de la falta de requisitos. Los designados -es decir, escogidos de manera antojadiza y discrecional- representan a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos, además, no pueden ser impugnados; es decir, refutados, y por eso no cabe ningún recurso en contra de quien, por razones muchas veces ocultas, es premiado con ese puesto y con ello deberá pagar el apoyo o favor con resoluciones favorables a quienes controlan o tienen secuestrados a esos poderes del Estado. No tiene importancia alguna la capacidad, idoneidad o experiencia, por lo cual es inevitable la disminución del deseo de personas correctas para integrarla.

Para aumentar la tragedia, el representante del Ejecutivo depende de un solo voto: el del mandatario. La del Organismo Judicial, de siete, y la del Congreso, de 81. En este último caso, porque para elegirlo se necesita la mitad más uno de los 160 diputados. Estos tres electores escogen a personas “que no se les vayan a voltear”, lo cual comprueba –para variar- el total desinterés por el beneficio del país. Ya con estos tres votos se tiene la mayoría para algunas resoluciones en la CC. Los otros dos integrantes, electos (no designados) por el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario, pueden ser sujetos de impugnación y en la práctica abre la puerta a trabas de todo tipo como producto de presiones y hasta chantajes. Pero, en teoría, tienen mayor representatividad.

La más elemental lógica, además de la jurídica, aconseja lo evidente: buscar cambios en el proceso y condiciones para integrar la CC. En el caso del Congreso, la fecha última para elegir a los dos representantes vence el 15 de marzo, porque deben tomar posesión el 14 de abril y ser electos 30 días antes. En el caso del Colegio de Abogados, está convocada una elección para el centro de cuatro días. Se conoce que por lo menos un caso fue excluido del grupo de 17 aspirantes por un motivo no solo ilegal, sino absurdo, lo cual arroja dudas sobre las razones invocadas por la Junta Directiva. En el caso del Consejo Superior Universitario, este depuró los expedientes con el obvio fin de beneficiar a unos aspirantes por medio de eliminar a otros, sin existir razones legales y válidas.

Según me enteré, un abogado fue descartado por razones sin base lógica alguna. Es colegiado, ha sido catedrático de Derecho, también llena las demás condiciones, pero se le niega participar por no haber presentado su título. Huele a güizachada, porque otros aspirantes no cumplen condiciones fundamentales y fueron aceptados. Es conveniente señalarlo porque queda implícita la posibilidad de interpretación constitucional por personas con manchas profesionales e incluso personales, y esto debilita o termina de destruir la previa confianza ciudadana necesaria para aceptar las causas de los veredictos. No olvidemos que “la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice”. Otra vez hay justificados temores de posibles interpretaciones antojadizas y caprichosas.