El viernes 29 de julio se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Mesa Técnica de Certeza Jurídica en el marco de Guatemala No Se Detiene, entre instituciones de gobierno, la Municipalidad de Guatemala e instituciones del sector productivo. Es fundamental el compromiso con este importante proyecto de los ministerios de Economía, Finanzas Públicas, Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública, la Contraloría General de Cuentas y la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico.

Guatemala necesita esfuerzos conjuntos entre el sector productivo, gobierno y municipalidades que promuevan la generación de condiciones sostenibles que fortalezcan la competitividad del país y, en general, el bienestar de los ciudadanos. Guatemala no se detiene es un programa con metas claras y congruentes. Es un proyecto a largo plazo que ofrece beneficios de corto plazo, producto del trabajo conjunto y alineado de diversos actores con un propósito común: el desarrollo del país. El proyecto #GuatemalaNoSeDetiene, y en particular la mesa que impulsa la importante hoja de ruta mediante la cual se abordarán los retos que en materia de certeza jurídica tiene el país, con cambios que puedan impactar positivamente en el desempeño de la vida en sociedad con énfasis en la atracción de inversiones.

La ruta planteada en cuanto a certeza jurídica es transversal al resto de las mesas que conforman el plan Guatemala no se detiene. Es una ruta ambiciosa y de largo plazo que, en su implementación, coadyuvará a mejorar la competitividad del país, a crear más y mejores fuentes de empleo y contribuirá a disminuir las causas fundamentales de la migración con la creación de nuevas oportunidades de realización personal para los beneficiarios directos, sus familiares y otro conjunto de guatemaltecos.

Para hacer realidad esta hoja de ruta se plantean objetivos estratégicos entre los cuales se incluye convertir a “Guatemala en un estado 100% digital” y la inclusión de un paquete de reformas tanto administrativas como legislativas para incentivar la competitividad y el empleo. Debemos concretar el “fin del trámite eterno”, como le han denominado los expertos del BID.
Los trámites administrativos son terribles en buena parte de la gestión pública. Se debe hacer un trabajo serio y responsable, vía una alianza público-privada. La digitalización debe hacerse con un sentido de coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en la totalidad de las etapas del establecimiento de un negocio. Habremos de esperar una reducción significativa e importante en los tiempos y costos de todos estos procesos que, por ahora, generan frustración y desencanto. Debe tomarse en cuenta la experiencia y necesidades del usuario, del ciudadano, de toda aquella persona, natural o jurídica, que desea realizar el trámite y, por lo tanto, del inversionista, del emprendedor.

Esta transformación hacia la digitalización es un proceso que se está implementando en muchos países, cuyas experiencias, en algunos casos, se remontan inclusive a años de esfuerzos sostenidos. La pandemia aceleró los procesos por razones de salud, pero con énfasis en la recuperación económica. Este impulso por la digitalización también conlleva cuidados y acciones concretas para preservar el medio ambiente, por ello en todos los países su implementación llega a todos los entes gubernamentales, a los gobiernos municipales, a las instituciones autónomas: es un esfuerzo de conjunto e integral. La digitalización de los trámites administrativos implica mayor transparencia, agregando agilidad a los procesos y elimina la discrecionalidad del funcionario público, discrecionalidad muchas veces mal usada que termina en actos de corrupción.