Pocos son los países que impiden a ciudadanos de uniforme —militares y policías— ejercer su derecho al voto en procesos consultivos. De hecho, es una mala práctica que muestra profunda intolerancia, discriminación, falta de comprensión de la democracia e inobservancia de derechos humanos. Aquí, sin embargo, más anclados en un pasado anacrónico y rencoroso que en un futuro moderno e integrador, se sigue aplicando esa ridícula norma y el ciudadano uniformado es tratado como un paria, al que, por cierto, se le exige defender al ciudadano “de primera” cuando esté en situación de singular peligro ¿Hay algo más absurdo en el diseño? Policías y militares mueren o arriesgan la vida por sus compatriotas, mientras se les niega el derecho a participar en referéndums y otras formas de consulta popular.

A pesar de lo descrito, resulta preocupante que no haya partido político alguno u organización de defensores de derechos humanos que aboguen por la observancia de ese derecho para los colectivos citados, aunque se rasgan permanentemente las vestiduras por cuestiones similares. Tampoco habrá visto preocupación en la PDH o en aquellas instituciones que continuamente —y con razón— denuncian la discriminación y el racismo en ciertos colectivos, ignorando que una parte importante de militares y policías pertenecen a los distintos grupos éticos que conforman el país. Un absurdo más de estos reclamos parcializados e interesados, de esa militancia ideologizada, cegata y focalizada que huye de principios generales y de políticos que no entienden absolutamente nada de valores democráticos, aunque se calienten sobre las tarimas con discursos grandilocuentes para turbar la mente de seguidores autómatas.

Hay quienes, absurdamente, esgrimen el argumento de que la prohibición existe porque podrían votar disciplinadamente y favorecer a algún candidato, lo que representa un absoluto desprecio a la voluntad individual de cada uniformado o magnifica la capacidad del jefe de incidir en sus subordinados. Ahora bien, de aceptarse tan pueril argumento, habría que prohibir votar a los abogados, que son más y sostienen muchas más mafias; a los sindicalistas de educación y salud, que “obedecen” a sus liderazgos chantajistas; a las autoridades de la Usac, que se conciertan desde múltiples comisiones políticas; o a colectivos similares que tienen sumido al país en un profundo hoyo de miseria y desgracia. En fin, un absurdo seguir con esta línea de razonamiento.

Llevamos años en un silencio conformista —como en otras muchas cosas— que no es visibilizado por nadie porque la mayoría prefiere permanecer cómodamente instalado en ese espacio de lo políticamente correcto, de la situación acomodada, del debate que no provoca críticas, y prefiere no disentir de la opinión mayoritaria o que provoque escozor. ¡Qué jodidamente hipócritas somos y cuán cómodos estamos con serlo!

La realidad es que se nos llena la boca de denuncias y proclamas contra la discriminación, la inobservancia de derechos humanos, el racismo, el arbitrario ejercicio del poder…, pero seguimos sin ver la paja en el ojo propio. No solamente aplaudimos un sistema discriminador con ciudadanos de primera y de segunda clase, al clasificarlos como de origen y naturalizados, sino que entre los de origen —particularmente a aquellos que están en los lugares de mayor riesgo y fatiga— condenamos a ciertos grupos a no ser siquiera ciudadanos, con un conformismo y una pasividad que nos debería avergonzar, porque muestra un profundo analfabetismo democrático, muy alejado de los principios que rigen en la mayoría de países occidentales. Definitivamente no hemos superado el odio, el conflicto y la venganza, y tampoco hacemos mucho por ilustramos en principios elementales de ciencia política, convivencia humana y respeto a los derechos individuales ¿Y así queremos progresar y desarrollarnos? ¡Venga ya!