Una publicación de Univisión titulada Los Magnates de Dios prendió las redes con las historias de tres iglesias evangélicas: una en Colombia, otra en California y la tercera —Casa de Dios— en Guatemala. Párrafos como “Aviones privados, mansiones, autos de lujo y vestuarios costosos, son parte de la vida de los líderes espirituales” o “A mí me enseñó un apóstol, me dijo, Cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, biblia y chequera”, muestran prácticas más mundanas que divinas, cuestionan las enormes sumas de dinero que manejan y resaltan los lujos de sus dirigentes. La guinda del pastel es este texto: “Las fuentes aseguran que el pastor Cash  Luna sacó provecho de su cercana amistad con Marllory Chacón, condenada en EE. UU. por narcotráfico”. Casa de Dios, el pastor Luna y la abogada de Marllory emitieron comunicados, pero lejos de desmentir los hechos —bastaba decir: recibimos [o no] dinero de la ahora sentenciada en USA— prefirieron “matar al mensajero”. Llamaron a la oración para que la justicia prevalezca, desacreditaron a quienes hicieron la publicación, tacharon a los testigos de “falsos” o no idóneos, afirmaron que “la prensa tiene una obsesión enfermiza con la Sra. Chacón porque es mujer” y exigieron que en 24 horas esclarecieran ciertas cuestiones. Quizá miedo a que esta vez la verdad no los haga libres, sino todo lo contrario.

Indolentes y exculpatorios permanentes de conductas propias, así nos podríamos definir sin muchos errores. Nos disgusta lo que sale mal —digno de alabar—, pero quizá nos distingue que asumimos poco la responsabilidad de nuestros actos y nos falta una buena dosis de autocrítica. Buscamos culpables para casi todo y evitamos vernos reflejados en negatividades cuyo adeudo solemos endilgar a otros.

China provoca reacciones variopintas según el lugar del mundo y el enfoque desde el que se analice. Por aquí hay voces que proponen romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con el gigante asiático alegando que ese enorme mercado es más propicio para comerciar y para ello ponen el ejemplo de países vecinos que tomaron tal decisión. En el análisis excluyen la valoración política y la geoeconómica porque se visualiza a China como un país políticamente comunista, pero “capitalista” en su economía y ese error conceptual permea el resto del estudio.

En 2015, la CICIG publicó un informe titulado “Financiamiento de la política en Guatemala” en el que presenta un gráfico que atribuye a élites empresariales, asociaciones empresariales y financistas individuales un 25% del financiamiento para las campañas, un 50% a constructores de obra pública, proveedores del Estado y otros financistas y un 25% al crimen organizado. Si valida lo anterior y “reparte” los porcentajes entre los epígrafes citados, observará que el 25% del tercer apartado —el crimen organizado— es el mayor de todos, y si desde aquel entonces se ha enjuiciado a personas que aportaron dinero de origen lícito y se ha desarticulado, en parte, el club de extorsionadores políticos que cobraban por adjudicar obras públicas, conceder proyectos o contratar plazas fantasmas, resulta que para el proceso electoral del año próximo únicamente queda, como origen de financiamiento —sin persecución por ahora—, el crimen organizado. Considere que constituirá el mayor porcentaje relativo y comprenderá la gravedad del riesgo que se avecina.

El asunto de las “ejecuciones extrajudiciales”, ocurridas hace más de una década y desempolvadas la pasada semana por el MP/Cicig, ha generado una sórdida guerra fría, un silencio ensordecedor con impacto local e internacional. Es difícil abordar el análisis sin ser percibido como defensor o acusador —a favor o en contra— según el “bando” de quien lo interprete, si es que existen tales grupos. El debate se mantiene en un disimulado equilibrio inestable mientras se esgrimen variados argumentos que pueden colocarse en ambos platillos de una imaginaria balanza.

De forma periódica pero con mayor descaro, premeditación, alevosía y nocturnidad, el sindicato magisterial liderado por Joviel Acevedo —y no es el único lamentablemente— presiona y consigue un nuevo aumento salarial que ronda los Q1,000 millones para 2019 y puede ampliarse en los años siguientes al infinito y más allá. ¿Se imagina usted cuánto se puede mejorar el país con esa cantidad bien ejecutada? En otras instituciones los sindicatos correspondientes también hacen lo propio: OJ, MP, Congreso, Salud, municipalidades, portuarias y una larga e inimaginable lista de piratas que hacen piñata del presupuesto, sacando de donde no hay, para beneficio de sus dirigentes y afiliados, pero con nulo impacto en el servicio al ciudadano, y ahí está lo más preocupante.

El éxito electoral de Jair Messias Bolsonaro en Brasil —militar en reserva y político de ultraderecha además de tránsfuga de 7 partidos y con un hermano y tres hijos en la política— se suma a la exitosa campaña política del costarricense Fabricio Alvarado, periodista, cantante y predicador evangélico que estuvo cerca de ser presidente de su país. Si analiza ambos perfiles y compara con la situación que vivimos en Guatemala, puede elaborar escenarios electorales para 2019. La religión —evangélica y particularmente pentecostalista— ha generado propuestas radicales y optimizado el voto de sus adeptos, y de un entorno afín. Hace un par de meses grupos protestantes promovieron intensamente leyes de corte extremista con envoltura de protección a la familia, pero con el fin de generar una aureola gris —el mejor color para la política— que radicaliza y engulle a un significativo número de despistados conservadores.

Muy poco —casi nada— se ha escrito sobre la cultura de la legalidad. Debe entenderse como una forma de comportamiento personal y social tendiente a cumplir de buena fe —o por imposición en su defecto— la legalidad vigente, aun sin cuestionarse si son moralmente lícitas, y representa un “paso” previo al Estado de Derecho. No es Guatemala precisamente un país con esa cultura de legalidad, de hecho hasta existe una especie de “contracultura” y se ha terminado por premiar al “chispudo” que incumple las normas, felicitar al cuate que “da cola” u optar por callarse y no reprochar ni confrontar a quienes deciden que guardar la fila está hecho para otros, pero no para ellos.

Mientras la coyuntura nos absorbe a diario, y hace que olvidemos lo urgente y lo importante, el tiempo avanza y acerca el próximo proceso electoral. Respecto de las pasadas elecciones, nada ha cambiado sustancialmente y el futuro se avecina similar al de hace cuatro años. La situación, desde un punto de vista formal no solo es la misma sino peor, porque se han detectado vicios que siguen presentes en la legislación y en las prácticas. Entre las quejas ciudadanas se escucha que no hay partidos ni candidatos para las próximas elecciones, pero: ¿alguien piensa todavía —de verdad— que el binomio presidencial es importante? Creo que eso está superado desde que los diputados se dieron cuenta del “peso” —y la impunidad— que tenían en este sistema y comenzaron a tomar las riendas. A partir de ahí se produjo una escalada progresiva y depredadora que ahora se materializa en un significativo número de diputados —y exdiputados— procesados, huidos, en busca y captura, pendientes de antejuicio o cuestionados.

Cuentan las crónicas que cuando el secretario de Estado Pompeo dijo aquello de que “reiteraba su apoyo a la soberanía del país”, se desataron los asesores presidenciales e interpretaron que había luz verde para cortar a la Cicig. A partir de ahí, el presidente se lanzó con aquella puesta en escena en la que, rodeado por numerosos militares y policías, anunció para 2019 el fin de la Cicig y lanzó el mensaje de “no pienso obedecer órdenes ilegales”. El alegrón de burro fue vitoreado y acompañado mediáticamente por quienes apenas unas horas antes le recriminaban no hacer nada y lo animó a aparecer nuevamente en medios afirmando que el Comisionado tenía prohibido ingresar al país por “razones de orden y seguridad pública”.