Mirador
El Congreso a los leones
Clavaron la estaca y se sentaron en ella, y aquella aberración jurídica la padecemos hoy, pero hay miedo a identificar quiénes tienen realmente la culpa.
En su mensaje a la Nación, el presidente anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar las condiciones de remoción del fiscal general. Está en su derecho constitucional de hacerlo y la confrontación que mantiene con el Ministerio Público ahí lo conduce.
Reconoce el presidente, implícitamente, que la modificación que se hiciera para proteger a Thelma Aldana —con presión de Cicig, parte de la comunidad internacional y la aquiescencia de los congresistas— fue una absoluta y condenable equivocación, aunque no se atrevió a decirlo, para no quedar mal con los promotores, pero las razones que expuso para la actuación que justificó son exactamente las opuestas a las utilizadas por la anterior FG para cambiar la ley en su momento. Clavaron la estaca y se sentaron en ella, y aquella aberración jurídica la padecemos hoy, pero hay miedo a identificar quiénes tienen realmente la culpa ¡Se tenía que decir…!
Así las cosas, aún queda mucho camino por recorrer. De entrada, el receso en el que entrará el Congreso en unos diez días aumenta la presión sobre los legisladores, o puede dilatar la decisión. Después, habrá que debatirse y conseguir los votos necesarios y, finalmente, ver si la norma puede ser aplicada retroactivamente. Eso por no contar los amparos, inconstitucionalidades y otros artilugios legales que pueden plantearse en el camino. No lo veo fácil, pero si una vez fueron capaces de retirar más de cien visas, pueden volver a hacer otra intervención parecida. El presidente ha echado a los leones a los diputados, y desistido de aquella otra vía de legalidad cuestionable que era la consulta popular.
La actual administración sabe que le puede quedar poco y, junto con la diáspora nacional, planifican una serie de acciones con el objetivo de cambiar las cosas.
Lo cierto es que hay una crisis institucional y debe resolverse institucionalmente, y la guerra ya se ha declarado. ¿Qué vendrá a partir de ahora? Pues está por verse porque seguramente la FG no se quedará de brazos cruzados; de hecho ya emprendió acciones ante la CC contra lo que intuyó se le venía encima.
El tiempo corre respecto de la configuración del poder en el Congreso y va paralelo al proceso electoral norteamericano. No es lo mismo un gobierno USA de demócratas, Biden en concreto, que uno de republicanos, Trump en particular. La actual administración sabe que le puede quedar poco y, junto con la diáspora nacional, planifican una serie de acciones con el objetivo de cambiar las cosas, aunque realmente —tampoco nos engañemos— el fin es controlar el poder desde el MP, cosa que hicieron por años y de pronto se les volteó la tortilla. Los mismos de antes, ahora con diferentes estrategias.
En la propuesta se introduce un párrafo —el b)3— que permite la discrecionalidad presidencial en la apreciación de lo que en el mismo se indica, lo que retornará el debate, nuevamente, a 2015, y permitirá la discrecionalidad porque únicamente hay que justificar —y eso se hace rápidamente— lo dice la norma: “… denote falta de debida diligencia, o incumplimiento de las funciones y atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes le establecen para el ejercicio de la acción penal pública…” Aprendimos poco, y seguimos arreglando los asuntos legales en función del momento, el gusto o las necesidades, jamás de forma objetiva, coherente y racional.
Lo que ocurrirá a partir de ahora es impredecible. La propuesta puede no ser aprobada por el Congreso y el Ejecutivo perderá más popularidad, y si ocurre lo contrario, vendrá una lucha legal en la CC. O quizá una tercera vía, de esas sorpresivas con las que acostumbran a doblegarnos, aunque aplaudimos o condenamos según nos venga.
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