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¿Para qué Q14,500 millones más?
Por la distribución propuesta, pareciera ser que el Gobierno pretende conseguir los votos que no tiene en el Congreso, para anotar siquiera una victoria política.
El término “reajuste presupuestario”, empleado por el Gobierno, no deja de ser un particular mensaje de marketing político para ocultar lo que realmente se pretende, y que figura en los comunicados oficiales: ampliarlo en Q14.5 millardos. El debate podría tener justificación, si se conociera con precisión a dónde irá a parar tal cantidad de dinero, se hubiera ejecutado eficientemente la inversión del presente presupuesto y, sobre todo, explicasen aquello que retumbó durante la campaña electoral: “hay entre Q20/30,000 millones que se dilapidaban en corrupción”, y que representa el doble de lo que solicitan.
La falta de acción es incompatible con el ejercicio del poder y parece ser que, además de imprudencia, hay una incapacidad para invertir lo asignado en el presupuesto.
Por la distribución propuesta, pareciera ser que el Gobierno pretende conseguir los votos que no tiene en el Congreso, para anotar siquiera una victoria política y aprobar leyes como la de competencia o modificarlas para cesar a la fiscal general. De esa cuenta, diputados oficialistas y el propio ministro de Finanzas habrían negociado con otros diputados ese qui pro quo habitual en todos los gobiernos, pero sin hacerlo con cash, sino en transferencias de dinero a ciertas municipalidades y a los Codedes, que por años llevan ejecutando miles de millones sin resultados ni transparencia, y son la caja chica del poder departamental y local. Justamente en ese debate hay que anclar la destitución de la ministra de Comunicaciones, y habrá que analizar los pagos que actualmente hace el ministerio.
En la primera semana del presente mes de junio —según Sicóin—, el gasto en funcionamiento del presupuesto era de aproximadamente un 38.2%, lo que encaja con el mes número cinco —mayo— que acaba de concluir. Sin embargo, las inversiones siguen una dinámica opuesta. A esa fecha, hay instituciones más diligentes, como la Presidencia, que ha gastado el 48.2%, y Comunicaciones o Educación, en torno al 20%, pero también otras, como Gobernación, Deportes, Defensa Nacional, Finanzas Públicas, Trabajo, Economía o Ambiente y Recursos Naturales, que oscilan entre 0.9% y 7.3%, evidenciando la falta de voluntad o incapacidad para ejecutar el monto asignado.
En lo que se refiere a la ejecución media de inversión en los Codedes, se sitúa en 4.3%. El de Escuintla es el que más ha ejecutado (22%), seguido de Guatemala (16.5%), Baja Verapaz (13.7%), El Progreso (10%), Sacatepéquez (9.1%), Chiquimula (8.8%) y Petén (8.2%). El resto, aunque parezca increíble, está por debajo del 3.8%, y en 12 departamentos entre 0% y 1%. ¿Necesitan realmente más dinero, si han sido incapaces de ejecutar el asignado? ¿Es necesario inyectar extraordinariamente más de Q500 millones en San Marcos, Huehuetenango y Quiché, que no llegan al 1% de ejecución a la fecha? Con esos datos, no tiene ningún sentido hablar de una ampliación, salvo la lectura del pacto por los votos con algunos diputados, y quizá considerar que la estrategia gubernamental sea realmente esperar que no lo gasten y el dinero retorne al fondo común, así pueden contar con liquidez en otras instancias.
La falta de acción es incompatible con el ejercicio del poder y parece ser que, además de imprudencia, hay una incapacidad para invertir lo asignado en el presupuesto, lo que multiplica la reticencia a la hora de conceder una ampliación presupuestaria cuyo destino es desconocido y, desde luego, no sería ejecutado —o lo sería mal hecho— por entidades como los Cocodes y las municipalidades, que tradicionalmente no han sido eficientes ni mucho menos transparentes, además de otras muchas instituciones que contarían con un extrafinanciamiento sin haber sido capaces de operar el monto actualmente aprobado.
No, esta ampliación presupuestaria no tiene sentido, salvo que se dibujen escenarios amañados, y eso no era lo esperado ni prometido.
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