Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) indicaron que hoy “tomarían las calles” de la capital para protestar contra el Gobierno. Manifestarán desde las 7 horas, saliendo de cuatro puntos claves de la ciudad (El Obelisco, El Trébol, Metro Norte y calzada Roosevelt). El caos que causarán, si se les permite, será terrible.

Quieren que se destituya a la fiscal general, María Consuelo Porras; que se rechace la criminalización y muerte de líderes de la organización y se investigue y castigue a los responsables; que se nacionalice la energía eléctrica, la telefonía, el agua, el petróleo, entre otros.

La fiscal fue resultado de un proceso de elección y no puede ser destituida si no se elimina primero el antejuicio, para lo cual hay que presentar pruebas razonables y contundentes de que hubiera cometido algún delito. La muerte de cualquier persona siempre debe ser investigada, y si se encuentra a los presuntos culpables, deben ser juzgados, y si al final se demuestra la culpabilidad, entonces ser condenados. Ahora bien, una cosa es investigar la muerte de una persona y otra es rechazar la criminalización de sus líderes, ya que por el simple hecho de pertenecer a Codeca son cómplices del robo de energía eléctrica. No nos engañemos, si son delincuentes.

Pedir la nacionalización de servicios básicos es volver al pasado, donde la ineficiencia y corrupción estatal, sumada a la falta de competencia, creó empresas monopólicas pésimas, con servicios de mala calidad y falta de servicio en muchos lugares. En un mercado competitivo, donde funcionan los precios libres debido a la propiedad de esos bienes es que se logran mejores servicios y tarifas para todos los guatemaltecos. Las empresas que sobreviven y crecen más son las que mejor servicio prestan a los usuarios.

¿Quiénes son los de Codeca? Una organización que vive del robo de energía eléctrica e irrespeta las normas, reglas y leyes de nuestro país. Sus discursos van siempre contra la propiedad privada, libertad y justicia, a menos que sea la que ellos quieren imponer y les conviene. Sus dirigentes están asesorados por ideologías marxistas. En las elecciones pasadas sorprendieron con la formación de un partido político que colocó un diputado en el Congreso, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Me opongo rotundamente a aceptar que una organización que vive del robo y de la violación de los derechos fundamentales de los demás venga a “tomar las calles”, como ellos mismos dijeron, afectando a miles de personas que necesitan movilizarse de sus casas al trabajo, colegios, hospitales. Ya en el año 2017, un bloqueo efectuado por esta organización causó la muerte de un niño porque no pudo llegar a tiempo a un hospital, y tampoco permitió que llegara una ambulancia al bus donde se encontraba detenido.

He defendido el derecho de protesta de todas las organizaciones, instituciones y personas que son legítimas y que, sin violar los derechos de los demás, expresan sus quejas contra el Gobierno u otras instituciones. Pero no debemos caer en el juego de los delincuentes y criminales que vienen a protestar para seguir saqueando al país y afectando negativamente la vida de los demás.

Cualquiera que proteste no tiene derecho a obstruir las carreteras ni violar el derecho de los ciudadanos a movilizarse libremente. ¿Actuará la Policía defendiendo los derechos de los que transitan por esas vías? Esta forma de protestar es un chantaje para que el Gobierno les ponga atención. Pero el Gobierno no debe sentarse a hablar con quien le pone este tipo de presión y mucho menos con delincuentes.