El nebuloso plan migratorio entre Guatemala y Estados Unidos saltó de nuevo a la palestra pública de la discusión con el arribo el jueves pasado del primer hondureño llegado como parte de las no aclaradas negociaciones entre los gobiernos del ahora llamado “examen de solicitudes de protección” (ACA, en inglés). El asunto, por el momento, no pasó a más, por la decisión del desconocido emigrante, quien sabiamente prefirió regresar a su país. Las dudas se afianzaron con la declaración oficial estadounidense de permitir “inicialmente” el traslado de personas sin antecedentes penales “graves”, dos palabras por las cuales se puede llegar a la conclusión de la llegada posterior de todo tipo de personas, incluyendo aquellas con antecedentes penales “graves”.

Los ministros Enrique Degenhart, de Gobernación, y la canciller Sandra Jovel le agregaron gasolina al fuego: los migrantes salvadoreños y hondureños incluidos en el “acuerdo migratorio” pueden transitar libremente y sin documentos en todo el país, por un tiempo no especificado y lugar tampoco conocido. Es alarmante la posibilidad de llevarlos al Petén, porque el riesgo de su presencia amenaza el ambiente; es decir, las selvas, así como las ruinas mayas, sobre todo las poco conocidas. Obviamente, habrá confrontaciones entre los guatemaltecos y los no bienvenidos visitantes, además de un aumento de la actividad delincuencial, sobre todo contrabando y narcotráfico. Esto será resultado de falta de ingresos para ellos y la incapacidad de las autoridades.

Los funcionarios del moribundo gobierno de Jimmy Morales aún le pueden causar serios daños al país. Aseguran tener el total apoyo económico de la Organización Internacional para Migraciones y la agencia de la ONU para refugiados, OACNUR, pero sus representantes no han tardado en desmentirlo, porque ni siquiera han sido tomados en cuenta. Otra vez, la disyuntiva de creer a instituciones internacionales serias o a funcionarios acostumbrados a mentir intencionalmente, o analizar la realidad desde una perspectiva y una visión muchas veces rayanas en el absurdo y el ridículo. Por aparte, se han negado rotundamente a exponer públicamente los detalles del acuerdo. Todo ello fomenta las bien ganadas desconfianza nacional y burla internacional.

En este panorama resultan válidas las exigencias del presidente electo, Alejandro Giammattei, quien señala la negativa del ministro Degenhart para informar de los alcances del acuerdo. Faltan 51 cortamente largos días para el esperado cambio de gobierno, aunque en la práctica a causa de las festividades de Navidad y Año Nuevo, ya sea tradicionales o de parrandas, este lapso puede reducirse a 45 días, y los fines de semana lo reducen 15 días más. En realidad, son entonces 30 peligrosos días. Un ejemplo se puede señalar con la inaceptable decisión de poner en marcha el “acuerdo migratorio”, sin la aprobación del Congreso, porque aunque así lo manda la Constitución guatemalteca, lo permitieron algunas no identificadas “autoridades del Ejecutivo”, según Degenhart.

La más reciente y principal prueba de la incapacidad, y en realidad la mala fe del desgobierno actual, lo constituye estar haciendo a un lado a quienes deben heredar el mando del país. En el caso del Congreso, el peor de la historia, el riesgo reside en la segura liberación de los parlamentarios involucrados en corrupción. El nuevo presidente tendrá riesgo a causa de los pocos integrantes de su partido, y la permanencia de los diputados de la UNE, capaces de unirse con otros para el chantaje político. Aunque ese es otro tema, ese grupo podría solidificarse para tener influencia en todo lo relacionado con el asilo obligadamente otorgado por Guatemala a quienes huyen de una realidad terrible y buscan refugio en el otrora hospitalario país de Lincoln, de Washington y de otros.