A nadie le pueden sorprender las primeras acciones estadounidenses en referencia directa a la salida de Juan Francisco Sandoval, sobre todo después de las inmediatas reacciones de condena ese mismo viernes por la decisión conjunta entre Consuelo Porras y Alejandro Giammattei. Estados Unidos anunció su decisión de paralizar “temporalmente” (término ambiguo) la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala “porque ha perdido confianza” a la fiscal, en sus intenciones de cooperar de buena fe con la lucha contra la corrupción. Mientras, la ONU expresó “preocupación” por la situación de los fiscales en Guatemala. Circularon rumores diversos por redes sociales, aclaradas por el jefe del Ejecutivo al anunciar el término del estado de Prevención.

Consuelo Porras y Juan Francisco Sandoval han intercambiado serios señalamientos. La fiscal habló primero de haber recibido “vejámenes”, sobre los cuales después no dijo nada cuando la entrevistaron medios informativos guatemaltecos, pero sí lo señaló de ejercer justicia selectiva para beneficiar a amigos suyos sindicados, y omitir a otros por la misma razón, así como de retrasar maliciosamente ciertos procesos para impulsar la impunidad. Sandoval hizo señalamientos similares y habló del caso de las investigaciones sobre los Q122 millones escondidos en una casa antigüeña alquilada por el exministro Benito, las cuales presuntamente vincularían al actual mandatario guatemalteco. La ciudadanía debe decidir ahora cuál de las dos versiones cree o desea creer.

Sandoval es señalado por sus detractores, generalmente difamatorios de la actividad periodística, de no ser responsable de la corrupción, pero sí de haber fallado en cómo combatirla y de no asumirlo. El Cacif, por su parte, solicitó la debida fundamentación en su momento ante las instancias correspondientes de la inclusión o retiro de una persona. Interpreto esos hechos como una muestra de preocupación ante las inesperadas consecuencias de todo tipo provocadas por ese tipo de despidos. Un ejemplo son los bloqueos de carreteras. En Palín, una lideresa recriminó a un automovilista cuando este protestó por no poder seguir su camino, pero además calificó de “territorio” indígena a esa zona, lo cual es preocupante por tener un significado ambiguo y peligroso.

En esas circunstancias se complica la tarea en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Su nueva cabeza, Carla Isidra Valenzuela Elías, entró con el problema de estar obligada a comprobar su profesionalismo, afectado por la cercanía con Consuelo Porras, quien por su parte necesita aclarar en sus medios afines de prensa las circunstancias y años de estudio y tiempo de redacción de la tesis de doctorado de Derecho en la Universidad Mariano Gálvez, sobre todo luego del descubrimiento de un caso irregular en otra casa nacional de estudios superiores. Todas las dudas sobre la correcta aplicación de las leyes y reglamentos internos institucionales provocan un aumento en el llamado “riesgo país” para las inversiones económicas, sobre todo extranjeras.

Diversas agrupaciones han llamado a un paro nacional mañana, otro hecho también preocupante, porque aunque no sea general, sí puede ser suficiente para provocar serias pérdidas. Es obvia la existencia de sectores interesados en llevar al caos, lo cual constituye un clavo más en una caja de madera con visos de convertirse en ataúd. Por eso esta crisis, evidente para todo aquel que no se deje llevar por la obcecación, debe ser analizada desde el palco, para examinar los movimientos de los distintos actores con participación en todo este asunto. Conforme pasan los días se afianza la incomprensión de por qué no se siguieron, para poder hacerlos públicos, los procedimientos internos previos a la salida de Sandoval, a fin de no causar la difícil situación actual de los funcionarios Porras y Giammattei.