Estos son tiempos de mucha polarización ideológica. Tal parece que quienes alguna vez toleraron la idea de que otros podían mirar la condición humana de otra manera, hoy consideran sus ideas como si fueran dogmas. Hace apenas unos veinte años, un socialdemócrata y un capitalista podían conversar e incluso coincidir en no pocas cosas. Hoy en día, cada uno se comunica en una frecuencia diferente. Y, sin embargo, nuestra civilización descansa en la premisa de la tolerancia.

Algunos replican: —¡es que no todo es verdad! ¡La naturaleza de las cosas se impone! Y, efectivamente, no todo es verdad, pero tampoco pueden unos pretender imponer a otros la verdad por la fuerza. En una sociedad abierta, en una sociedad libre, cada ciudadano debe tener la mente abierta a que sus ideas no siempre sean las predominantes. Mientras a ninguno se le prive del derecho a expresar libremente lo que piensa y a vivir de acuerdo con sus creencias (sin privar a los demás de igual derecho), la regla ha de ser la tolerancia.

En ese espíritu, creo que es interesante, en las actuales circunstancias de la vida pública de Guatemala, recordar que nadie tiene por qué mirar al capitalismo, a la economía de mercado, o a la libertad de empresa basada en la propiedad privada, como principios de la organización social de validez universal.

La validez de todos esos principios tiene que justificarse a nivel teórico y verificarse en el curso de la vida en sociedad. Para empezar, no hay una idea unívoca de capitalismo y no todos los regímenes capitalistas del mundo presentan, exactamente, las mismas características. Hay, empero, unas cuantas que son esenciales y han dado buenos resultados.

Es indispensable que existan los derechos de propiedad y que sean libremente negociables, y las promesas —los contratos— por cuyo medio se negocian, deben cumplirse, incluso, contra la voluntad de los que las han dado. Pero ¿cómo se determinan los límites de los derechos intercambiados y los alcances de las promesas hechas? ¿Quiénes han de definir los criterios a seguir y quiénes han de dictar las reglas a interpretar?

Obviamente, todas esas cosas requieren de “instituciones”. Porque el capitalismo, la economía de mercado o de libre empresa no puede existir aisladamente o en un vacío institucional. Solo cuando los empresarios actúan dentro de un marco institucional que los obliga a competir por el capital físico, el capital financiero y el capital humano los precios de cada uno de esos factores llegan a su nivel de mercado.

Y, según creo, el capitalismo guatemalteco no ha dado todos los frutos que pudiera producir por falta de instituciones suficientemente funcionales y sólidas. Ni las reglas de la ley, que debe promulgar el Poder Legislativo, ni los criterios para interpretarlas y aplicarlas, que debe definir el Poder Judicial, dan el sustento necesario para que la economía de mercado de este país pueda rendir sus mejores resultados. El Poder Ejecutivo, por su parte, debe ejecutar las sentencias de los tribunales e impedir que la población sea privada de sus derechos por la fuerza o el engaño.

En pocas palabras, el capitalismo de Guatemala solo se justificaría si fuera el instrumento más eficiente para que los recursos físicos, financieros y, sobre todo, humanos, sean remunerados por los empresarios que los demandan al mayor precio posible y, para eso, es indispensable que las instituciones del Estado garanticen la libre competencia. No hay otra forma.