Criterio urbano
Concesiones municipales no deben ir al Congreso
Los alcaldes deben enfocarse en APP que les permita más desarrollo.
Las concesiones municipales serán una realidad luego de la reciente resolución del expediente 219-2024, en la cual la Corte de Constitucionalidad dirimió la cuestión de competencia presentada por la Municipalidad de Guatemala, y declara que las municipalidades tienen la facultad de aprobar concesiones de servicios públicos locales, por medio de los concejos, definiendo que la exigencia de someter las concesiones a la aprobación del Congreso, tal como lo establece la Constitución dentro de las atribuciones del presidente de la República y la Ley de Contrataciones del Estado, no aplica a las municipalidades, debido a su autonomía constitucionalmente reconocida y a la especialidad de las disposiciones del Código Municipal.
Una herramienta más para reducir la pobreza
Esta puede ser la noticia más importante de los últimos años en materia de infraestructura, por la transcendencia que conlleva que los alcaldes finalmente podrán convertirse en gestores del desarrollo de sus municipios, generando concesiones que puedan ser autosostenibles para logar más inversiones en transporte, agua y saneamiento, carreteras, iluminación e incluso pensar en algunos centros de acopio, riego y programas de formación técnica, donde pueda existir la posibilidad de estructurar proyectos que sean bancarizables, que tengan suficiente demanda y donde la población tenga la suficiente capacidad de pago para descargar al Estado de servicios, donde es más eficiente que el ciudadano los pague directamente, tercerizando y trasladando el riesgo al sector privado.
El poder contar con esta resolución le da también a la Anadie la posibilidad de iniciativas en conjunto con los alcaldes, para generar mayor inversión a nivel municipal y que esto fomente que el país pueda tener más proyectos de infraestructura estratégica; incluso si existe la madurez política suficiente, los mismos alcaldes pueden trabajar de manera mancomunada para resolver problemas más complejos relacionados con tráfico, manejo de desechos, agua y saneamiento, transporte y ejecutar acciones conjuntas, principalmente entre las municipalidades que compartan cuencas, corredores económicos, viales y turísticos, entre otros.
Está claro que los alcaldes deberán trabajar de la mano con el sector empresarial, organizaciones de cooperación internacional o instituciones multilaterales, para financiar estudios de preinversión, que le permitan a los concejos poder contar con una cartera lo suficientemente robusta para poder decidir cuáles son más prioritarios para el desarrollo del municipio.
El impacto en el desarrollo económico y social de las comunidades, así como del diálogo técnico con base en evidencia para contar con más estudios de preinversión, puede detonar beneficios importantes para las comunidades, al contar con propuestas no solicitadas donde comunidades, grupos empresariales o conglomerados mixtos puedan invertir más en contar con los estudios necesarios para financiar la prefactibilidad de proyectos que sean de beneficio para los vecinos de cada municipio o de municipios que deseen trabajar de forma conjunta.
Ánimo, alcaldes, ustedes pueden conceptualizar alianzas-público privadas municipales y fortalecer su rol político para comenzar a trabajar de la mano con inversionistas en estructurar proyectos que fomenten mayor desarrollo local. Es importante reconocer el liderazgo mostrado por parte del alcalde Quiñónez y al equipo de la Municipalidad de Guatemala, por haber planteado esta consulta, y a la Corte de Constitucionalidad, por resolver acorde a derecho, enhorabuena.
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