La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, tiene ahora un problema adicional: necesita aclarar públicamente la acusación de haber plagiado para su tesis de doctora en Derecho una parte de la tesis de licenciatura escrita —a máquina , hace muchos años— por Benigno Ramírez Puac. Se une a los efectos derivados de sus cuatro más recientes decisiones. Estas son: despedir abruptamente a Juan Francisco Sandoval, nombrar a Carla Isidra Valenzuela, luego separarla de igual manera y regresarla a su antiguo cargo y escoger al muy cuestionado Rafael Curruchiche para la jefatura de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción. Sin embargo, a mi juicio, aclarar esto es tarea fácil, siempre y cuando tales afirmaciones no tengan fundamento alguno.

La jefa del MP debe buscar y mostrar una copia de la tesis de Ramírez Puac y solicitar la integración de una comisión independiente para analizar si hay plagio. El dictamen puede lograrse en tiempo cortísimo porque se deriva de la simple lectura y comparación de ambos textos. Si no hay dolo debe hacerlo público. Pero si es cierto, las consecuencias contrarias serán imposibles de evitar y solo tendría como salida renunciar a su actual alto puesto y también al de catedrática del doctorado en la Universidad de San Carlos. Entre las razones de la gravedad del asunto sobresale su efecto negativo en el prestigio de la enseñanza universitaria en general, pero sobre todo en la impartida en casas de estudio privadas, cuyo aporte a la educación superior es innegable.

Desde 1966 existe la poco conocida pero importante entidad llamada Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEEPS), de reuniones mensuales, integrada por dos representantes de la Universidad de San Carlos, dos de las universidades privadas y uno de los colegios profesionales. Sus fines son autorizarlas, vigilarlas (sin coartar la libertad académica y docente), así como aplicar sanciones. Debe pronunciarse porque hay dudas sobre la legitimidad académica doctoral de alguien ahora docente de estudios de doctorado y existe la posibilidad de sanciones académicas para contrarrestar sus efectos. Conviene a todas las universidades con planes de doctorado, aunque el plagio académico no sea tipificado como delito en ninguna ley guatemalteca.

Se trata entonces de una acción inmoral por ser intencional y falta a la ética al incumplir las normas de un trabajo universitario, sobre todo de doctorado. El plagio es la copia total o la integración de textos de trabajos ajenos, sin indicarlo, en una tesis firmada por alguien más. Este campo de la ética alcanza a cada una de las universidades del país, sin importar si son públicas o privadas. La sanción no necesita análisis alguno. El grado académico queda anulado y los asesores separados de sus cátedras si son docentes, A eso debe agregarse la decisión —forzada pero sin alternativa posible— de renunciar a puestos cuya altura académica no permite engaños, en beneficio del prestigio tanto de las casas de estudios como de los estudiantes de otros doctorados.

Este asunto de ninguna manera puede ser aceptado o rechazado por obtusos criterios pseudoideológicos, al equivaler a una estafa intelectual y académica. Las tesis, según el tema, pueden tener valor metodológico, práctico o teórico, toma años prepararlas y están sujetas a análisis y filtros, sobre todo en cuanto al fundamental tema de su originalidad y seriedad académica. En este momento la próxima acción le corresponde al CEEPS, a la mayor brevedad posible a causa de la gravedad de las acusaciones y de la urgencia de preservar el prestigio de las universidades, así como salvaguardar el nombre del país en el campo de la academia internacional. Finalmente, al no caber justificarlo como error no intencional, sus consecuencias son duras, pero inevitables.