La desvergüenza con la cual se toman decisiones para saquear los fondos públicos de la manera más vil, quedó comprobada con la inmediata autorización otorgada por el Congreso de la República el miércoles anterior, para gastar 762 millones de quetzales, de los cuales ya se repartieron 400 millones, con el supuesto fin de ayudar a los miles de damnificados por la depresión tropical Eta.

Para mayor preocupación de los ciudadanos interesados en entender las consecuencias de estos fenómenos, ya se está integrando una nueva tormenta tropical, cuya trayectoria, según las proyecciones de los climatólogos, podría atacar de nuevo a Nicaragua y Honduras y afectar otra vez el ya afectado territorio guatemalteco, incluyendo departamentos del Occidente, antes de salir por el océano Pacífico.

Verdaderamente causa repugnancia esa autorización, sin haber noción alguna de cómo será gastado ese dinero. La desconfianza generalizada en la población se debe a la manera inaceptable y nefasta de cómo han actuado las entidades gubernativas, casi siempre en manos de personajes inescrupulosos y desinteresados por llevar cualquier tipo de asistencia a quienes se quedaron sin nada. La ayuda ha sido repartida otra vez por personal militar, así como pilotos y helicópteros de la iniciativa privada. Por eso, lejos de permitir al gobierno tomar las riendas, se debe exigir entregar esa asistencia a organizaciones no gubernamentales ajenas a vaivenes políticos e ideológicos. Esto debe informarse a las entidades internacionales cuya relación es con el Estado.

La aprobación tiene unas áreas razonables, como otorgarle sin costo a los ciudadanos el Documento de Identificación Personal, pero al mismo tiempo se necesita decidir cómo se puede hacer para acelerar los trámites y evitar pérdida de tiempo a quienes lo necesiten. Es razonable y necesario invertir dinero en la reparación de monumentos históricos mayas y coloniales, porque su importancia radica en ser imposible rehacerlos, pero también como construcciones de interés turístico, por su relación con el interés de los visitantes por conocerlos. En esta tarea se deben unir esfuerzos gubernativos y privados, pero con la condición de dejar valladares a la corrupción y a beneficiar con exclusividad a quienes tienen intereses, aunque sean legítimos.

Cada vez se confirma más la colusión entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, para actuar arteramente, con el fin de dañar a terceros, es decir, los ciudadanos comunes, en este caso damnificado gravemente por los elementos de la Naturaleza. La reconstrucción de carreteras, caminos, puentes y demás obras de infraestructura es otra fuente de saqueo, casi seguro debido a cómo se ha comportado el gobierno de Morales y también el de Giammattei. Es increíble cómo casi la totalidad de funcionarios llegan a puestos para los cuales carecen de preparación alguna, o la tienen en mínimo nivel. Por eso su real objetivo es enriquecerse, mientras más pronto mejor, seguros de tener como premio la más inmunda de las impunidades.

En este caso, el choque ahora existente entre la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastres (Conred), una entidad necesaria y con personal técnico y con experiencia, y el recientemente integrado Centro de Gobierno, cuyo mando descansa en alguien cuya única cualidad, según parece es ser una persona de confianza de Alejandro Giammattei. Actuar de esa manera es, como mínimo, una ingratitud con los necesitados de ahora y quienes sufran las consecuencias del nuevo huracán señalado por los científicos. Estos señalamientos comprueban, a mi criterio, la inconmensurable maldad de quienes solo piensan en lucrar con el erario.