Creo que es importante considerar si las élites, en diversos momentos de la historia de Guatemala, han querido controlar el poder comprendiendo la totalidad o, al menos, las más significativas consecuencias del ejercicio del poder sin las técnicas y los mecanismos que trajo consigo el modelo del Estado moderno. Soy de opinión que no. Que las élites no han comprendido en el pasado ni ahora, suficientemente a fondo, en qué estriba la diferencia.

En un Estado en el que unos grupos de la sociedad –sus élites—, supongamos que en general bien intencionados, toman indirectamente decisiones políticas que se mantienen gracias a su capacidad de ser, a la vez, quienes controlan la validez de esas decisiones, no existe, estrictamente hablando, el “imperio del derecho”. Ese Estado no es un Estado de derecho. En ese tipo de Estado, que es característicamente premoderno, los grupos que realmente detentan el poder están en una situación muy ventajosa. Son los jueces de sus propios actos de poder y de la validez de sus decisiones. Es verdad que, en algunas ocasiones, las coaliciones, las facciones, los acuerdos, etcétera, se rompen o se complican. A veces surgen competidores dentro del propio establishment o competidores que se consideran capaces de plantear un “jaque” al establishment. Esto ha ocurrido, creo yo, durante períodos presidenciales como el del PAN, en que surgieron competidores de entre el propio establishment, y el del FRG, en que surgieron competidores desde fuera del círculo de confianza que, en efecto, confrontaron al establishment. Esa inestabilidad es uno de los problemas del Estado premoderno, con el consiguiente desgaste por esa competición incesante por conseguir o mantener el control del poder. Pero la consecuencia más grave, me parece, es que, al ser jueces de sí mismos es imposible que sean imparciales. Por tanto, es imposible que sean justos. Cuando las leyes tienen —como debiera ser— carácter general, nadie sabe anticipadamente qué consecuencias puedan tener para él esas leyes en el futuro, a menos que él sea el intérprete final del significado y alcance de esas leyes. Una ley general, interpretada torcidamente, es equivalente a una ley hecha a la medida. Es equivalente a un privilegio disfrazado.

El Estado moderno rompió, precisamente, con eso. Las leyes dejaron de ser manipulables, ya fuera por su falta de generalidad —por tener dedicatoria, lo que devino inválido—, ya fuera por su aplicación sesgada, manipulada, interesada. Se erigieron una serie de instituciones integrantes del sistema de justicia que, al cabo de unos dos siglos y medio, han adquirido, en los Estados modernos, la fundamentalísima característica de ser, verdaderamente, independientes. Nuestra Constitución y nuestras leyes afirman que así, exactamente, ha ocurrido aquí. Pero no es así. Los presupuestos para que exista la verdadera independencia se le han negado a las instituciones del sistema de justicia y, por eso, unos grupos u otros, en definitiva, ejercen el poder de modo más bien arbitrario y, además, para su beneficio —no son ángeles—. La última fase de su existencia, la Cicig mostró algunos efectos de la independencia del establishment de las instituciones del sistema de justicia. Algunos cuestionan hasta qué punto puede hablarse de “independencia” porque entienden que la Cicig respondía a otros controladores del poder diferentes. No tengo forma de saber hasta qué punto esto pudiera ser o no así; sin embargo, lo que es un hecho objetivamente evidente es que la Cicig generó un ámbito de independencia de un número significativo de órganos del sistema de justicia respecto del establishment político y del económico. Los efectos de esa independencia se percibieron de inmediato. Creo que, en definitiva, debemos convertirnos en un Estado moderno, creando esa independencia pero de todos.