Los efectos de la corrupción abarcan y afectan todos los ámbitos de la vida de una sociedad. No es solamente el descarado robo o sobreprecio de productos, sino alcanza otra larga serie. Este año fueron agregados los sobreprecios de las medicinas y una serie de razones relacionadas con los caminos, su construcción y diseño. El caso de los trabajos en el libramiento de Chimaltenango sobresalió como pocos. Esta misma semana se agregaron muchas más víctimas, todas inocentes, cuyas vidas se truncaron por el choque de un tráiler contra un autobús de pasajeros en Zacapa. La impactante foto de los cadáveres cubiertos con sábanas blancas recordaba la tragedia de hace años en el estadio.

Los datos no dejan lugar a engaño: este año, cada tres horas ha sucedido un accidente de tránsito; 2,417 personas murieron, de ellas 2,017 mujeres; 1,200 tenían entre 18 y 34 años. Comparto la declaración del presidente de la Asociación de Conductores de Transporte Pesado, quien el domingo exigió, por medio de la prensa, al gobierno el cumplimiento de las leyes respectivas y el castigo a las empresas cuando contratan conductores de pocos años de edad, menos de 25, para manejar de manera irresponsable esas unidades. En el caso de la tragedia hoy comentada, tanto el tráiler como el autobús tenían seguro, y eso es sin duda un paso adelante, el cual, sin embargo, no sustituye a los necesarios cursos para quienes obtienen trabajo como choferes.

Las autoridades deben revisar el estado físico de las unidades de transporte, por medio de instructores convencidos del posible riesgo mortal para personas inocentes por aceptar mordidas para permitir el uso de vehículos con llantas lisas, sin las suficientes luces delanteras y traseras. Estas reglas deben abarcar a toda clase de vehículos. La falta de iluminación exterior también es un factor causante muchas veces de tragedias, tanto en la noche como en el atardecer o amanecer, cuando algunos pilotos de escasa capacidad intelectual no las utilizan porque ellos pueden ver la ruta, olvidando la segunda razón de tenerlas: ser visto por otros conductores. En el caso de las motocicletas, es indispensable hacer obligatorio su uso aun cuando es de día.

La campaña nacional de concientización debe abarcar incluso a los peatones, cuyas imprudencias no se consideran factor de alto riesgo. Igualmente a quienes son usuarios de transporte colectivo, necesitados de tener conciencia clara de los peligros de viajar en un autobús cuyo conductor va peleándose con un competidor por el pasaje, ha bebido licor, conduce a excesiva velocidad, es decir, a más de 80 kilómetros por hora, equivalentes a 22 metros por segundo. Los pasajeros deben tener el derecho de exigir conducción segura mientras viajan, así como de denunciar a los pilotos irresponsables. Hay mucho trabajo en este campo, así como en el del transporte público de agua, en cualquiera de los lagos y las playas. Los motoristas de agua también deben tener reglas.

El tema de los accidentes vehiculares de todo tipo no debe seguir siendo considerado asunto de segunda importancia. En la actualidad hay una conciencia creciente de los efectos de la corrupción en este campo: muerte, viudez, orfandad, daños físicos sin posibilidad de recuperación y, además, gastos enormes en hospitalización, medicinas, etcétera. Por eso las campañas para disminuir todos estos efectos pueden ser realizadas por una variada cantidad de instituciones y empresas. Y dejo para último un tema: la responsabilidad de quienes cuando organizan una fiesta en su casa no ponen límite al consumo y permiten a los asistentes manejar ebrios de regreso a casa. Las reuniones deben ser para estar alegres, no para convertirse en una fábrica de borrachos.