Un grupo de ciudadanos expresó su “reconocimiento y apoyo al juez Miguel A. Gálvez, por tratarse de un profesional del derecho que ha cumplido su función en forma independiente e imparcial”. Por eso “está siendo criminalizado por la Corte Suprema de Justicia de facto (CSJ), al darle trámite a una denuncia espuria de antejuicio”, presentada por una organización terrorista con incidencia en el MP y ante el silencio cobarde de otros.

Guatemala vive hoy “una de las más graves crisis institucionales”. ¡Estamos mal! “El Estado de Guatemala y sus funcionarios, al más alto nivel, en forma permanente y sistemática”, están revirtiendo “los avances de la Justicia en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

La CSJ está afectando “la independencia judicial” y ataca “a jueces honestos e imparciales, forzándolos al exilio”. El juez Gálvez es uno de ellos. “Él ha defendido los derechos humanos de la ciudadanía; con sus resoluciones y sentencias ha coadyuvado a la identificación de las causas de la corrupción; ha logrado desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y ha aplicado el derecho interno y el derecho internacional correctamente”. Cuando vamos hacia “la consolidación de un régimen autoritario, que irrespeta el Derecho y promueve la corrupción, la justicia es el último recurso que tiene una sociedad para defender el estado de Derecho”. Por ello, Gálvez y otros como E. Aifán, Pablo Xitumul y Yasmín Barrios “deberían ser protegidos por la CSJ en lugar de perseguirlos”.

El que estos magistrados, impuestos por los delincuentes Baldizón, Sinibaldi y Baldetti, por mayoría hayan dado trámite a una denuncia espuria en contra del juez Gálvez, “constituye un paso más para lograr su persecución y criminalización y forzar para que un juez imparcial, honesto e independiente, tenga que buscar refugio en otro país y proteger su integridad física”.

La resolución “constituye un hecho delictivo, que debería ser perseguido de oficio por el Ministerio Público”. Esto no sucederá porque son esbirros de corruptos y las instituciones están cooptadas por el crimen organizado. “Los tres poderes del Estado están luchando abiertamente para lograr consolidar acciones del crimen organizado y defender así sus intereses personales, en lugar de luchar contra la corrupción, defender los derechos humanos de la ciudadanía y defender a funcionarios públicos independientes y honestos”.

La anterior CC ordenó al Congreso elegir a los futuros magistrados de la CSJ entre los mejores profesionales, emitió consideraciones valiosas sobre la independencia, ofreció elementos para entender los alcances de casos como Comisiones Paralelas, La Línea y otros “en contra de funcionarios acusados de haber cometido actos de corrupción”. Por eso preguntamos “¿por qué se dan los ataques en contra de jueces honestos e imparciales que defienden el estado de Derecho?

Los diputados de la alianza oficialista no han cumplido con dicha sentencia y por ello han cometido delito. Jimmy Morales no prorrogó el mandato de la Cicig y desde ese nefasto gobierno al actual han implementado cambios en diferentes ministerios y debilitado la seguridad ciudadana. A ello se suma un Poder Judicial perseguidor de jueces y fiscales que luchan a favor del estado de Derecho. Es lamentable reconocer que en nuestro país “la impunidad es la agenda prioritaria de los tres poderes del Estado y nos encaminamos hacia la consolidación de la dictadura del crimen organizado. Ante estos hechos, el MP guarda silencio”.

Rechazamos la persecución que está sufriendo el juez Gálvez por la CSJ de facto y en general por el Estado de Guatemala. Exigimos a la jueza pesquisidora Sonia Santizo declarar que la denuncia es espuria y sin ningún fundamento, y Exhortamos al pueblo de Guatemala, que ejercite su derecho a la resistencia pacífica y lo manifieste públicamente.