Las últimas actuaciones del gobierno de los USA ha aparcado la crisis que veníamos padeciendo desde que concluyó el reciente proceso electoral nacional. Unas fiestas navideñas en paz es el resultado de aquellas actuaciones, mayoritariamente vitoreadas por la ciudadanía.

Pero, a la vez que se sancionaba a más de un centenar de diputados —y sus familias— retirándoles la visa por haber votado a favor de levantar la inmunidad y permitir la investigación judicial a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los congresistas norteamericanos hacían lo propio en la Cámara Baja y aprobaban lo mismo para investigar al presidente Biden, aunque sin consecuencias. También, las quejas, señalamientos y denuncias por no haber dejado participar a ciertos candidatos en el proceso electoral guatemalteco, endosadas a los magistrados del TSE, en connivencia con el gobierno y el oficialismo, parecía equilibrarse con la resolución de la Corte Suprema de Colorado —mayoría de jueces nombrados por demócratas— de prohibir a Trump presentarse en las próximas elecciones por considerarlo “insurrecto”, aunque no haya sido condenando por ello. Finalmente, la forma arbitraria de proceder, señalada a la justicia guatemalteca —con toda propiedad—, parecía tener su reflejo en la liberación de Alex Saab, el operador político-económico de Maduro, acusado de graves delitos en USA, a cambio de otros detenidos en Venezuela, aceptando el chantaje del dictador, al igual que ocurriera, en su momento, con el general mexicano Cienfuegos. Dos historias paralelas de las que nos hemos quedado con la que mejor, y más ruidosamente, han promovido, además de aceptar que la ley no tiene que ser igual para todos, sino que puede adaptarse a la voluntad de cada uno. Seguramente la grandilocuencia del “Estado de Derecho” estará presente en cualquier análisis que se haga.

John Adams anda desaparecido de los referentes norteamericanos hace mucho tiempo, y los principios que promulgaba se han sustituido por la politiquería más miserable y la ética más manoseada de la historia. Se actúa —Maquiavelo lo predijo antes que los Simpson— por el interés partidario —ni siquiera por el nacional— y las decisiones se adoptan para conservar el poder, que no siempre está alineado con el bien común sobre el que se justifica. Patean miserablemente a la ética en beneficio del oportunismo, y son capaces de ver la paja en el ojo ajeno a pesar de tener la viga en el propio.

El mundo del relativismo nos ha pasado por encima sin que percibamos el daño que hace. Ya no se juzga sobre principios generales, universales y aplicables a todos por igual, sino por el interés de cada grupo en un determinado instante que, además, suele ser diferente del momento siguiente. Somos incapaces de advertir que con la aplicación caprichosa de normas —aunque afecte positivamente en una situación puntual— se corre el riesgo de que tiempo después generen el efecto contrario, además de destruir la previsibilidad que supone la aplicación correcta de la ley. Se fabrica la causa y se genera el castigo, aunque a la vez, como se ilustra arriba, quienes lo aplican hagan exactamente lo mismo y busquen su propia justificación.

Cuando el norte se parece al sur, dejamos de tener la referencia de antaño que aspiraba a ciertos principios, a una forma de hacer las cosas distintas y a consolidar un determinado modelo de vida. Parece que todo ha cambiado. Se liberan criminales en función del momento político, no de lo que manda la ley; se actúa sobre principios ideológicos, obviando los principios éticos; y se vulnera el Derecho en nombre de la justicia.

El norte como el sur parecen tener los días contados.