La individualidad no es solo unitaria. Puede ser colectiva, cuando una colectividad es considerada una unidad integrada por varios individuos. Un ejemplo claro es el grano de maíz. Esta semilla es individual, pero su colectividad, es decir, la mazorca, constituye también una unidad. Lo mismo ocurre con los derechos individuales: existen, son fundamentales y deben ser respetados y en ello radica su importancia. Pero no son exclusivos y por eso se colocan en el campo de los derechos colectivos, amalgama de numerosos derechos individuales. Si lo ético, es decir, lo correcto, debe ser el beneficio para el mayor número de individuos, tendrán preeminencia los derechos poseedores de esta misma característica: beneficiar al mayor número de individuos.

Estos conceptos derivan de la aplicación, en la vida ordinaria, de la lógica y la ética, y, por tanto, de los principios básicos de la filosofía desde el tiempo de los grandes pensadores griegos de antes de la llegada de Cristo. Los derechos individuales de un mayor número de personas de cierta manera deben tener alguna preferencia sobre los individuales. En la actualidad, las ideas políticas y también sus derivaciones en el pensamiento económico, tienden a irse a los extremos: o niegan la importancia del derecho individual y satanizan al derecho colectivo, o viceversa. Por aparte, quienes exigen sus derechos por lo general lo hacen sin tomar en cuenta la parte que corresponde a los demás, en lo cual coinciden muchos de quienes defienden las ideologías de hoy.

Aplicando estos conceptos a la vida práctica de Guatemala se han manifestado exigencias de derechos de grupos ideológicamente contrapuestos, e incluso de aquellos apartados de cualquier ideología. A esta el Diccionario de Filosofía de Abbagnano (1) la define como “una doctrina más o menos privada de validez objetiva, pero mantenida por los intereses evidentes o escondidos de los que las utilizan”. Y agrega: “En una sociedad basada en la servidumbre, (la ideología) permite controlar y dirigir la conducta de un gran número de personas”. En cuanto a su validez, “solo depende de la capacidad de controlar los comportamientos”. Como queda claro, se pueden intercambiar muchos criterios a este respecto, pero no es el tema de este artículo. (1) Fondo de Cultura Económica, 1966.

Un ejemplo es el de la interrupción del paso y consecuente paralización total o parcial del país, como forma de exigir derechos reales o supuestos. Tales acciones ni siquiera llegan al campo ideológico, porque significan un choque entre los derechos individuales de grupos minoritarios respecto de la totalidad de la población. Las víctimas del conflicto armado interno y los militares retirados son grupos minoritarios, sin importar su pensamiento político. Alguien debe ceder ante el número de ciudadanos afectados. Cerrar carreteras afecta a todos, porque tiene serias consecuencias a corto y largo plazos. El motivo pasa a ser secundario porque los afectados hoy por lo general no son directamente responsables. Además de todo, los efectos son contraproducentes.

Los afectados por violaciones de los derechos de un grupo minoritario pueden ser numerosos. Por aparte, son complicadas las doctrinas de olvido, a causa del criterio jurídico-político, ya sea de no perdonar a los culpables de crímenes, pero también la de dar compensaciones. Este último, por la precaria situación del país y porque exigir recibir dinero individual, en cifras millonarias, también es contraproducente, al convertir la lucha reivindicativa en simple batalla dineraria para un egoísta beneficio personal. En ambos casos, muere el apoyo popular. El camino para comprender similitudes y diferencias de estos distintos derechos pasa por aplicar, sin burlas, las leyes por jueces, fiscales y magistrados dispuestos a recuperar la balanza y la máscara de la Justicia.