Ni describir lo acontecido hace falta. Las imágenes de los hundimientos o “socavones” de Villanueva han inundado los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales. Hay un aluvión de artículos, mensajes, memes y comentarios imposibles de soslayar y están al alcance de todos los cálculos de las pérdidas en dinero, en tiempo, ¡en vida!

Y, la pregunta que se impone, por supuesto, es ¿quién es el responsable? Opino que hay responsables directos e indirectos. Los primeros son, naturalmente, los funcionarios que por su incompetencia o irresponsabilidad han dado lugar a tanto colapso en vías fundamentales para la economía del país. Pero, indirectamente, también son responsables las élites. Sí, las élites. Las económicas, intelectuales y profesionales.

El punto, me parece, es el siguiente: todo homo politicus es racional. Tanto los honestos como los corruptos. Ningún político actúa para perder cuotas de poder. El honesto, porque puede convertir sus cuotas de poder en resultados que, a la vista de los ciudadanos, redunden en una reelección y, el corrupto, porque puede convertir sus cuotas de poder en ganancias (igualmente corruptas), parte de las cuales invertirá en su posible reelección.

Las élites pesan en la vida pública del Estado y por eso ningún homo politicus puede enfrentar con éxito juicios ni señalamientos críticos de las élites en su contra. Los políticos huyen de cualquier acusación pública de incompetencia o de indolencia por parte de las élites como de la peste. Y, naturalmente, se debe a que los señalamientos contundentes y fundamentados de las élites conllevan, por lo general, el descalabro de la imagen de un homo politicus.

Y, según aprecio las dinámicas de la vida política nacional de las últimas dos o tres décadas, creo que las élites han sido más bien complacientes con el homo politicus y, en la medida en que más o menos hayan quedado acomodados sus intereses, las élites han sido refractarias a la crítica, a exigir que se den resultados, a pedir cuentas. Nunca puede generalizarse sin el riesgo de cometer una gran injusticia, pues ha habido miembros y sectores de las élites que no han sido acomodaticios. No cabe aquí hacer una lista, pero, para no mencionar sino un ejemplo, en el ámbito empresarial debe reconocerse el papel crítico que en numerosas ocasiones ha jugado la Cámara de Comercio de Guatemala.

Así, esos hundimientos que ahora cuestan tiempo, dinero y vida a tantos miles de personas y empresas son, me parece, consecuencia indirecta de que las élites de este país hayan condonado niveles de indolencia, irresponsabilidad e incompetencia de ciertos políticos y sus funcionarios que, desde hace unos veinte años, han llevado las riendas del poder en este país.

Pero ¿no son más bien los órganos de control, como el MP o la CGC y los tribunales de justicia, los llamados a deducir responsabilidades? ¿Por qué no lo han hecho y por qué culpar de eso a las élites? Según veo las cosas, el “pecado original” de las élites, por así decirlo, ha estado en una cierta indiferencia ante unas reglas constitucionales que, en definitiva, han dejado a todos esos órganos desprovistos de la independencia y condiciones institucionales necesarias para que, llegado el momento, fueran un freno eficaz y certero. Se afirma en las reglas que son independientes, pero no se articulan los medios para que en la realidad lo sean.

Puede que no fuera un pecado deliberado al principio, pero, habiendo las élites tenido amplia oportunidad de liderar una reforma puntual, nunca lo hicieron. Se acomodaron.