Es una verdad de Perogrullo que los órganos del Estado carecen de los recursos para detectar todas las posibles actividades delictivas. No cuentan siquiera con los recursos necesarios para detectar las posibles infracciones a la ley penal más graves. A pesar de los recursos que el Estado dedica a su función de vigilancia y policía, hay numerosas infracciones a la ley penal que no detecta el Estado. Y no hablo de un Estado en particular, sino en general. Obviamente, hay sistemas de policía y de detección de posibles actividades delictivas más eficaces y otros menos, pero ninguno es capaz de abarcar siquiera la mayor parte de actividades delictivas.

De ahí deriva la obligación legal de denunciar. En una sociedad en la que la población es consciente de la importancia de cooperar con las autoridades competentes para detectar la posible comisión de delitos, la seguridad aumenta. Naturalmente, esto va de la mano de la confianza que la población tenga en sus autoridades y en su sistema de justicia, porque toda denuncia conlleva riesgos. Entre otros, de represalias o venganzas, de errar y plantear una denuncia en contra de la persona equivocada o por hechos que no se comprendieron bien o, en fin, de caer en un abuso del derecho a denunciar (cuando no se actúa por obligación legal).

Y es que el acto de denunciar la posible comisión de un delito no puede tomarse a la ligera. Una denuncia es un acto de consecuencias delicadas y costosas. Para empezar, la persona denunciada queda expuesta ante la sociedad en que vive como posible actor de un delito. Eso, obviamente, opera en contra de su prestigio y de su honra, pudiendo afectar también sus finanzas, sus negocios, sus relaciones, etcétera.

De todo eso y más —que aquí no cabe— se deriva que las autoridades competentes para recibir una denuncia, tal el caso de las policías, el Ministerio Público (MP) o los jueces del orden penal, deban “calificar” cualquier denuncia que se les presente. Una denuncia debe referirse a hechos que, de haber acaecido, verdaderamente sean constitutivos de un delito; ha de ser verosímil y eso depende de los indicios que la sustenten y, por último, el denunciante debe gozar de cierta credibilidad.

Trayendo esos enunciados generales a las circunstancias de la vida nacional, soy de opinión que se presentan algunos problemas importantes, a saber: las denuncias planteadas podían y debían haberse presentado antes de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral. Tanto en lo relativo a la supuesta falsificación de documentos para la constitución del partido Movimiento Semilla, como de la supuesta comisión de un fraude electoral empleando el programa informático para la transmisión de datos y la supuesta manipulación de los resultados para percibir más dinero del Estado por la llamada “deuda política”, el momento en que se plantean las denuncias les resta credibilidad.

A partir de lo que he podido conocer por los medios de comunicación social, la población ignora, en todos esos casos, en qué consisten los indicios concretos que sustentan las denuncias. Un testimonio, un dictamen grafológico, la “opinión” de partidos y personas interesadas de que el software adquirido no era seguro ni fiable o la sospecha de otro denunciante, que puede considerarse también parte interesada, no permiten entender que la “calificación” de dichas denuncias haya sido suficientemente rigurosa, sobre todo, si se toma en cuenta que ponen en tela de juicio, directa o indirectamente, la validez de un proceso tan fundamental como lo son las elecciones de presidente y vicepresidente de la república.

En mi opinión, es eso lo que ha dado lugar a que, tanto en Guatemala como en el exterior, tantas voces se hayan alzado cuestionando la legitimidad de las acciones legales que con base en esas denuncias se han diligenciado.