Los viáticos son fondos otorgados por instituciones privadas o públicas para sufragar los gastos provocados por viajes, almuerzos, algunas veces regalos para personas a quienes es conveniente halagar porque de esa forma se facilitan negocios y otras actividades. Quienes trabajan para el sector privado tienen algo muy claro: esos gastos deben ser comprobados, porque no constituyen un regalo ni una dádiva, y la falta de documentación está sujeta a sanciones. En el sector público debería ocurrir lo mismo, pero se han convertido desde hace algunos años en dinero de los impuestos utilizado para toda clase de francachelas, con total descaro y constituyen una vergonzosa manera de malversar los fondos públicos, sin hasta ahora ser posible detenerlos.

Por su parte, las dietas son un concepto de alguna manera parecido, especialmente en ser el motivo de robo legalizado a causa, otra vez, de los abusos. Se pagan cuando un funcionario nombrado o electo realiza una actividad de su cargo afuera de las instalaciones de la dependencia. Se están pareciendo a los viáticos en la falta de normas para limitarlos. Ciertamente, en algunos casos no son suficientes para pagar los gastos de viaje a ciudades o países caros, como los europeos, por ejemplo. En la actualidad, la tarifa de un hotel mediano en cualquier ciudad del Viejo Continente no baja de unos 200 euros, y los costos de restaurantes también de mediano nivel significan una cifra diaria muy parecida. Pero existen formas de justificar esos gastos ahora sin normas.

En algunos casos, esa extralimitación es muy notoria. Los funcionarios ediles de municipios de poca población han subido en la escala económica gracias a recetarse a sí mismos cuantiosas dietas y a aumentar innecesariamente el número de reuniones y los puestos ediles son ahora bocadillos apetitosos. Por supuesto, las obras de beneficio a las comunas brillan por su ausencia o demuestran a las claras la incapacidad edil. Hace poco un vecino filmó la calle recién asfaltada en un municipio fronterizo a la capital, con un poste situado un metro adentro y sin señal de advertencia. Es sólo un mínimo ejemplo. La comuna antigüeña hizo circular el video de la captura de un ladrón gracias al sistema de cámaras de vigilancia sin mencionar las condiciones de la adquisición.

Alcaldes y miembros de los concejos, alegre e irresponsablemente, aumentan el monto de las dietas, y el número de reuniones. De ahí, sus ingresos muchas veces superan los de algún gerente de empresas pequeñas o medianas y ello explica además la adquisición de vehículos de lujo y con cero kilómetros, así como la vida notablemente ostentosa de estos funcionarios. Hasta el momento no he visto algún informe al respecto, cuyo conocimiento debe ser público. La lógica de estas actuaciones, sin duda, es: “Si el presidente, ministros, diputados, alcaldes de ciudades grandes actúan de esa manera, nosotros tenemos la posibilidad, casi la obligación, de hacer lo mismo”. Todo esto hace afianzarse la calificación de país corrupto por entidades internacionales.

La autonomía municipal fue un avance cuando se implantó ese concepto. Pero ahora es necesaria la presión social, aun posibilitada de lograr cambios, como es el caso de las máquinas electrónicas para contar votos. Es, además, una prueba adicional del deterioro de Guatemala como país y como sociedad, en un proceso de descenso cada vez más empinado. Llamar a los burócratas “servidores públicos” provoca hilaridad. Realmente, son depredadores, aves carroñeras de los fondos de los impuestos y con sus acciones contribuyen no sólo a la intromisión de un gobierno populista totalitario y de izquierda extrema y tonta, a consecuencia de las acciones similares por los gobiernos igualmente politiqueros, pero con una posición pseudo ideológica ultraconservadora.