A María Consuelo Porras Argueta la nombró Jimmy Morales para un primer periodo al frente del Ministerio Público (MP) y la reeligió Alejandro Giammattei. La señora Porras había quedado fuera de la lista de candidatos elegibles, pero un amparo de la Corte de Constitucionalidad (CC) prácticamente obligó a la comisión de postulación a incluirla (PL, 22/4/22).

Antes, Porras Argueta amenazó a los comisionados de abstenerse de revisar su tesis doctoral ya que eso constituiría, según ella, una “intromisión de organismos jurisdiccionales en las universidades que conllevaría responsabilidades penales”. Recordemos que una de las tachas que se presentó en su contra fue que un tercio de su tesis doctoral en la Universidad Mariano Gálvez era un “copy-paste” de una tesis de licenciatura aprobada 7 años antes. (Soy 502, 7/4/22).

Si el primer periodo de Consuelo Porras como jefa del MP fue de retroceso y deterioro, su reelección constituyó el entierro de la lucha contra la corrupción y la impunidad y el alineamiento absoluto de la Fiscalía General al Pacto de Corruptos y a las mafias.

Desde el día siguiente de su reelección, ella y su círculo cercano han actuado en consecuencia: a) desbarataron todas las unidades que dentro de la institución llevaron a cabo investigaciones y casos por delitos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos; b) iniciaron la persecución penal de fiscales, investigadores y jueces involucrados en estos procesos, convirtiendo al MP en instrumento de criminalización y vendetta; c) instrumentalizaron la unidad de análisis criminal (sí, la responsable de las escuchas telefónicas) para vigilar a líderes sociales, activistas, manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia independientes y exabogados de la Cicig; d) pidieron el sobreseimiento de casos y la desactivación de órdenes de captura de personas involucradas en malversación de fondos públicos y millonarios desfalcos; y e) refundieron las denuncias y enterraron las investigaciones en contra de integrantes del Pacto, empezando por Giammattei y su rosca.

Ni por asomo investigaron la denuncia sobre la ‘alfombra rusa’ o los innumerables hallazgos de ilegalidades en la compra de las vacunas anti-covid, solo para citar dos evidentes casos de gran corrupción que para el MP siguen pasando desapercibidos.

A la persecución penal indebida ordenada y orquestada por Porras que tiene a más de 40 exoperadores de justicia, 25 periodistas y a más de 20 de activistas en el exilio y en injusta prisión a personas clave en la lucha contra la impunidad como Virginia Laparra, Claudia González y Jose Rubén Zamora, se sumó la utilización del MP como punta de lanza de la estrategia golpista para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y evitar el traspaso del poder al binomio del Movimiento Semilla que resultó ganador en la elección presidencial.

Todo esto es lo que provocó y mantiene vivo y vigoroso el legítimo movimiento de resistencia al que buscan deslegitimar con estrategias y narrativas dignas de golpistas y de mentes calenturientas de la contrainsurgencia. Están queriendo concentrar y reducir la discusión a los bloqueos (que dicho sea de paso, fueron la última medida a la que se acudió tras haber agotado todas las otras vías), cuando el tema central es si se va a respetar la decisión de la ciudadanía en las urnas y si van a renunciar Consuelo Porras y otros funcionarios del MP que en sí mismos son factores de desestabilización.

¿Qué parte de está despedida no le queda clara, señora Porras? Ya sabemos que su renuncia no se la va a pedir su socio Giammattei por complicidad, por chantaje o por ambos. Se la estamos exigiendo miles de guatemaltecos que vemos en usted un obstáculo para la democracia.