Estamos apenas a tres semanas de las votaciones generales en las que habremos de elegir presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes. Por una parte, asombra la amplia gama de candidatos desconocidos, cuyo objeto por participar no se tiene claro; y otros, cuyo provecho es obvio: mantener el statu quo, ajeno al bien común y a los intereses del país. El panorama es de desesperanza.

La elección del actual presidente, en el 2015, fue resultado de la crisis político-social derivada de las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que puso al descubierto la corrupción gubernamental liderada por el presidente y la vicepresidenta de la República de entonces, junto a otros empleados, funcionarios, militares y empresarios decididos a apoderarse de las arcas y bienes de la Nación. En esa campaña, candidatos a la Presidencia se vieron afectados al punto que una mayoría de ciudadanos se decantó por un desconocido, aupado subrepticiamente por la élite económica, que como siempre, contó con el apoyo de la institución armada.

La investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos enquistados en el Gobierno, así como en desmantelarlos, siguió adelante, sacando a luz pública casos que afectaron a familiares del presidente electo. Por tratarse de un personaje anodino y acomodaticio, los grupos de poder igualmente afectados lo sumaron a su plan por protegerse, esgrimiendo un trasnochado patriotismo y soberanía nacional ante la presencia de la Cicig. En agosto del 2017, el presidente declaró no grato al comisionado Iván Velásquez y dio por terminado el mandato de la Comisión dentro lo que se llamó Pacto de Corruptos. A pesar del exabrupto, esta terminará su período en septiembre 2019.

La maniobra se produjo teniendo a la vista el proceso electoral de este año, previsto para el 16 de junio, para lo que resultaba vital garantizarse la continuidad de los privilegios coloniales, heredados con la gesta independentista criolla de 1821.

Así, como en una pesadilla, surgieron cerca de dos docenas de partidos políticos, haciendo sus ofertas de ocasión, al tiempo que el tráfico de influencias ejercido desde los organismos Ejecutivo y Legislativo coparon las instancias judiciales y al propio Tribunal Supremo Electoral, dedicándose a obstaculizar cuanta candidatura tuviera visos de triunfo y opacara los planes para garantizar la continuidad de sus privilegios, que como quedó dicho, vienen desde el siglo XVI. A quién apoyar desde esa nueva instancia paraestatal junto a narcotraficantes y otras lacras, no importa; lo sustancial es garantizar que quien llegue a la Presidencia esté a su servicio. El objetivo es mantener satisfecho al patrón de la finca llamada Guatemala.

Dentro de la oferta, que no puede llamarse política, pues la mayoría de candidatos carece de la debida formación, están aquellos dispuestos a garantizar el continuismo, que en términos locales representan la “vieja política”. Vocación que la ciudadanía rechazó tajantemente en la gesta cívica de abril-agosto del 2015, y que mantiene vigente.

Del otro lado, hay cinco partidos políticos inscritos, tres de ellos que a lo largo del período democrático inaugurado en 1985 han dado muestras de idoneidad y claridad de lo que es Guatemala desde el punto de vista social, cívico, cultural y político, distante a la mirada enajenada del criollo.

Así las cosas, veo con optimismo que un mejor país es posible, con personas que han demostrado su capacidad, y otras que emergen de las raíces de la Nación, a las que auguro un futuro promisorio.