Recurramos al Diccionario de la Lengua Española para explicar el significado de dos palabras fundamentales para este artículo. Depurar significa “limpiar, purificar” y “someter a un funcionario para sancionar (aplicar un castigo) su conducta política” y “eliminar de un partido político a los miembros disidentes (separarse de la conducta o doctrina). Por aparte, discriminar es “dar trato desigual a una persona por motivos políticos”. La siguiente pregunta es considerar si los políticos guatemaltecos de la actualidad, en su abrumadora mayoría, han tenido acciones de cualquier tipo por las cuales encajan en estos significados. En otras palabras, a la clase política actual se le debe depurar, limpiar, podar, porque sus excesos ya son absolutamente inadmisibles.

Otra duda: ¿hay en Guatemala partidos políticos reales? A mi juicio, no. Los hubo: el MLN, el PR y la DC sí lo eran. Sus integrantes ciertamente eran merecedores de críticas, pero la corrupción —si bien existía— no había llegado a los niveles rampantes (ascendientes, crecientes) de hoy. Era impensable el transfuguismo, por la dignidad de los dirigentes y militantes. Era imposible considerar la posibilidad de Mario Sandoval Alarcón, Mario Fuentes Pieruccini y René de León Schlotter en una bandería política distinta. Ya muy pocos los recuerdan. Cayeron en el cacicazgo y eventualmente eso provocó el fin de los partidos. Sus defectos fueron exagerados por la población, posteriormente convencida de ser menores a los de quienes crearon nuevos “partidos”.

Los gobiernos militares de la época entre 1958 y 1966 convirtieron en presidentes de la República a los ministros de la Defensa. Cuando se pensó, por desgracia equivocadamente, en la llegada de gobernantes civiles como garantía de democracia, una de las normas fue impedir la participación de militares como candidatos a la Presidencia mientras no hubieran pasado cinco años después del retiro de las filas castrenses. Fue aceptado por todos los ciudadanos. Otto Pérez Molina debió esperar ese tiempo antes de lanzarse a la batalla presidencial. A nadie se le ocurrió pensar siquiera en esta norma como una manera quebrantar los derechos de los militares retirados a elegir y ser electos, de la misma forma como ocurre con los ciudadanos entre 18 y 40 años, la mayoría poblacional.

Simplemente son normas de beneficio colectivo. Una norma ética señala como más importante el beneficio de la mayoría, no el de la minoría. Mucho se puede discutir acerca de esto, pero así se decidió y fue correcto. Por analogía, en este momento el beneficio de librar a los ciudadanos de las acciones inmorales e ilegales de los politiqueros —diputados, ministros, presidentes, etcétera— justifica entonces una norma según la cual estos ciudadanos, como también los reos, pierden el derecho de presentarse como candidatos a las urnas para cualquier puesto. Se puede pensar en la pérdida de un derecho cuando se ha actuado en abierta contrariedad con el beneficio general. Otro ejemplo, por razones distintas, es el de los ministros de culto, porque el Estado es laico.

Si se hace un listado de los diputados actuales, por ejemplo, saltan a la vista docenas de razones para impedirles seguir haciéndole mal al país. El pacto de corruptos, por ejemplo. O el pseudo partido de un solo diputado, para ajuste de absurdos, presidiendo el Congreso. Son ridiculeces derivadas de la aplicación simplista de las normas legales, cuya base debe ser la de su espíritu, combinado con su texto. En este momento, ni uno de los “partidos” lo es realmente. Nacen y mueren y han surgido literalmente por docenas, encabezados por autonombrados líderes, ahora en muchos casos relacionados con grupos de malhechores. Mientras no se acepte esta verdad y se tenga la testosterona necesaria para actuar, el país seguirá hundiéndose. Será imparable.