Es paradójico que el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es nombrado por el presidente de la República, cuando el Estado es su principal deudor. El Estado de Guatemala le adeudaba más de Q40 mil millones al IGSS. ¿Usted le prestaría a un cliente que no paga sus cuotas? En su portafolio de inversiones, si se le puede llamar así, el IGSS tiene invertidos en el Ministerio de Finanzas aproximadamente Q12 mil millones (2018) y mil millones con el Banco de Guatemala (Banguat). Esto significa que los ahorros “de los trabajadores” están financiando el déficit en el gasto público y la política monetaria del Banguat. Solo en un monopolio estatal puede ocurrir esto.

Dice mucho que el Estado sea el principal moroso del IGSS. Evidencia que el Estado no cumple con la ley en un ámbito que reviste un aspecto tan importante —la salud de sus trabajadores— e ignora un mandato constitucional. Cualquier otro deudor estaría sujeto a los tribunales y compelido a pagar; hay unas reglas para el Estado y otras para los demás.

El IGSS es adulto mayor; tiene 73 años desde su creación. La organización ha cambiado y quizás evolucionado, pero el esquema básico se ha mantenido intacto. Este esquema es el de un monopolio estatal; la ley obliga a trabajadores y patronos a pagar un porcentaje del salario para seguro médico y aporte a un fondo de pensión, pero debe hacerlo a una empresa estatal “autónoma”. El IGSS es una vaca sagrada que continúan presentando como una conquista de los trabajadores; en realidad, es un modelo caduco. En su calidad de monopolio estatal autónomo, con ingresos cercanos a Q15 mil millones anuales e inversiones que superan Q35 mil millones, es apetitoso objeto de poder, negocios, influencia y esa piñata predilecta de la clase política y sindical —plazas. Además, su modelo de gobernanza es corporativista; una junta directiva nombrada y compuesta por “sectores”.

La prudencia de tener un monopolio estatal en el seguro social obligatorio debe ser cuestionada. Hay amplia evidencia de que este no es una estructura eficaz para el objetivo, que sería ampliar la cobertura y dar buen servicio a los trabajadores y patronos que están obligados a pagar cuotas. Hay que desmonopolizar el IGSS, que no significa privatizar o eliminarlo, sino abrirlo a la competencia. ¿Sobre qué base moral o técnica se puede vedar a los trabajadores el servicio que más les convenga? Desmonopolizar significaría que los trabajadores cotizantes puedan elegir su seguro médico y que haya libertad para que empresas privadas puedan competir en igualdad de condiciones. La cuota seguiría siendo obligatoria, pero la disciplina e incentivos que provee la competencia haría mucho para mejorar la calidad de los servicios.

Si el seguro médico obligatorio que es el IGSS se abriera a la competencia, surgiría toda una industria en este campo. Habría mucha innovación e inversión en variedad y calidad de seguros y servicios médicos. Seguramente habría dificultades y problemas, que los hay en toda actividad humana, pero serían muchas las oportunidades para mejorar el seguro social obligatorio.

La idea de desmonopolizar el IGSS provoca enérgica resistencia, por encima del tema puramente ideológico, hay fuertes intereses en juego en este gigante monopolio burocrático. Quizás requeriría de reformas constitucionales, un camino difícil y peligroso, aunque soy de la opinión de que podría lograrse la desmonopolización por medio de ingeniería jurídica creativa en el seno del propio IGSS. Hacer más de lo mismo dará los mismos resultados; se podría desmonopolizar el IGSS.