Oh sorpresa ¡no alcanza! A menos de una semana de estrenar nuevo gobierno se han dado cuenta de que no alcanzan los fondos y es urgente una ampliación presupuestaria que excede Q6 mil millones. Se confabulan dos hechos: el gobierno saliente aprobó aumentos salariales por pactos colectivos y el Congreso no aprobó el presupuesto para 2020. Según declaraciones del ministro de Finanzas, “la mayor presión que se tendrá en el corto plazo es cumplir con los compromisos salariales de los pactos colectivos”. Solo en el Mineduc los aumentos representan Q800 millones, a lo que se suma lo acordado en pactos con los sindicatos de los ministerios de Salud, Gobernación y otros. El ministro afirmó que de esos Q6 mil millones, alrededor de Q3 mil millones serán con bonos y Q3,500 millones con préstamos que estarían destinados para el financiamiento de los compromisos salariales en los pactos —ya subió a Q6,500—. Deuda para pagar salarios. Podría valer la pena acceder a deuda para hacer inversiones, pero es imprudente endeudarse para pagar gasto corriente.

Este es uno de los muchos problemas inevitables que crea el tener sindicatos en el Gobierno. Los sindicatos presionan a los funcionarios de turno para obtener aumentos salariales y prebendas, bajo la amenaza de huelgas y manifestaciones, con alto costo político. Los funcionarios acceden fácilmente, pues les representa apoyo político, tranquilidad y, lo más importante, no sale de su bolsillo y trasladan el costo. El pecado original del gasto de gobierno es que permite concentrar los beneficios en pocos y disipar el costo entre muchos. Si dividimos Q6 mil millones entre la población económicamente activa, de 5.2 millones, a cada uno se le aumenta la deuda pública en más de Q1,150.

En mi opinión, tendrían que estar prohibidos los sindicatos de empleados públicos, así como las huelgas. Los servicios públicos no pueden estar sujetos al chantaje de grupos organizados. Las autoridades que acceden al chantaje sindical no cargan personalmente con el costo de sus decisiones. Otro tema es que la remuneración no está atada a productividad, evaluación o mérito, sino a presión política.

La segunda piedra en el zapato es que el presidente Giammattei se reunió con jefes de bloques del Congreso para plantearles la necesidad de que sean aprobadas siete leyes, entre las que se encuentra la Ley de Competencia. Considero un grave error aprobar esta ley, que nada hace para fomentar la competencia y menos combatir supuestos monopolios. Significa la creación de una nueva burocracia, la Superintendencia de Competencia, con enormes poderes discrecionales para hostigar, chantajear e imponer costos y obstáculos a la actividad productiva. Un directorio designado por una comisión de postulación integrada por el Mineco, la CSJ y la Asamblea de Presidentes de los Colegios profesionales garantiza el clientelismo y la opacidad.

El concepto mismo de monopolio y colusión que adopta esta ley es erróneo. En la gran mayoría de casos, el poder monopólico y la oportunidad de colusión surgen por temas institucionales —leyes, reglamentos, licencias y permisos que obstaculizan la competencia—. No es cuestión de funcionarios con poder discrecional analizando concentración en estructuras de mercado, se trata más bien de examinar y eliminar las barreras institucionales que obstaculizan la competencia.

Hay mucho que hacer para promover la competencia, pero la iniciativa de Ley de Competencia nada de ello hace. Es la intervención estatal la que crea poder monopólico y produce el terreno fértil para la colusión y cartelización.