Siguen pasando los días, y todo se complica más en referencia a las pasadas elecciones. Como resultado de los errores del Tribunal Supremo Electoral, en este momento los fiscales de todos los partidos, con excepción de la UNE y Vamos, aprovechan la coyuntura para contribuir al desprestigio de esa institución comicial. Provoca cierta sonrisa de incredulidad ver a representantes de quienes obtuvieron migajas de votos favorables alegar como si hubieran sido víctimas de un fraude. Vale la pena repetir: no hubo, pero ello tampoco elimina la necesidad de tomar medidas sin precedentes, como la anulación de las elecciones, o decisiones similares a las tomadas al menos en una ocasión. Debe ser un pacto político cuya meta sea evitar el total hundimiento del país.

Entre 1982 y 1984, hace ya nada menos 37 años, el golpe al golpista Efraín Ríos Montt, los sectores sociales, económicos, académicos y políticos decidieron llegar a un acuerdo nacional, basado en la premisa de la entrega del mando de la nación por el Ejército. De allí se originó primero la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y luego los primeros comicios generales de 1985, cuyo efecto fue el inicio de la esperada era democrática de gobiernos civiles. Comenzó con el gobierno de Vinicio Cerezo, siguió con el régimen del golpista Jorge Serrano, quien fracasó en su intento por la valentía de don Arturo Herbruger, para dar paso al gobierno de transición de Ramiro de León Carpio. Después llegó al poder Álvaro Arzú, quien en ese momento era digno de confianza.

Es necesario hacer esta breve reseña histórica, porque en ese momento más de la mitad de la población no existía y sabe poco de tal etapa. Quienes teníamos 35 años en esa época, y por eso no podíamos ser electos presidentes, somos ahora abuelos de patojos veinteañeros. Recordamos esa etapa histórica y todos los esfuerzos para lograrla, pero hoy las generaciones actuales han vivido en tiempos de gobiernos electos correctamente, sin motivos de dudas respecto al voto popular. Pero las actuales circunstancias, sin importar su causa, han puesto en peligro esa credibilidad y provocan desconfianza o incluso certeza de la inutilidad en la práctica del proceso democrático como tal. Ante el riesgo de hacer llegar a una dictadura por medio de los votos, algo debe hacerse, y pronto.

Al analizar las no tan evidentes semejanzas entre los candidatos Torres y Giammattei, es posible pensar en el riesgo de cambios de efectos terribles. Uno de ellos se refiere a la Constitución, sustituida por una sin elementos molestos para la totalidad de los políticos, como la duración del período presidencial, o la Ley de Emisión del Pensamiento, y agregar la reelección —ya sea una vez o múltiple— y el porcentaje de votos necesario para ganar en primera vuelta, al estilo de Nicaragua, donde es el 35%. Igualmente es riesgosa la aplicación del término “territorios” a los lugares donde se asientan grupos étnicos, o de “recuperación de tierras ancestrales” en vez de invasión de propiedades.

Ante estos riesgos, comunes de las dos candidaturas para segunda vuelta de la manera como están, el beneficio del país exige la repetición de un acuerdo multisectorial y pluricultural. Nadie pudo prever la situación actual y el riesgo de ingobernabilidad y de retroceso generalizado obliga a actuar pensando en el presente y en los futuros inmediatos, mediatos y a largo plazo. Los acuerdos de los círculos tradicionales de poder con quienes ocuparon los dos primeros lugares electorales tienen el pecado original de hacerse para cubrirse de manera mutua de los alcances de la ley; es también un riesgo para las partes no gubernativas. Se debe pensar en esto para decidir cómo regresar a la normalidad a un proceso político cuyo naufragio está asegurado con las actuales condiciones.