El lunes fueron declarados inocentes los señores Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Morales. El veredicto está llamado a ser uno de los más controversiales y de seguro el peor llevado por todos y cada uno de quienes participaron: ellos tres, el sistema de justicia nacional, la Cicig y, especialmente, Iván Velásquez, quien cometió en este caso uno de los más serios errores de apreciación en todos los años de esa entidad. Los guatemaltecos tienen ahora una nueva razón para separarse en dos nuevos grupos, a su vez divididos en facciones, unas por motivos ideológicos llevados al paroxismo, es decir la exaltación extrema de las pasiones tanto a favor o en contra de las acciones de los acusadores y de los defensores.

Es complicado explicar todo esto, pero hacerlo en forma cronológica talvez ayuda. Los dos acusados, antes de la recepción del antivoto contra Sandra Torres, en 2015, cometieron un hecho ilegal: contribuir con facturas falsas de desayunos que nunca existieron para justificar una compra de canastas navideñas en el Registro de la Propiedad. El delito existía, y existe. La Cicig descubre el hecho, muy fácil de probar, por lo cual decide sacarlo a luz, por delante de muchos otros más, con la idea de demostrar una imparcialidad de actuar aunque los implicados sean personas famosas, esta vez por su cercanía con el mandatario. Es inaceptable no haberse dado cuenta de la manera como iba a ser interpretado por la ciudadanía, incluso aquella favorable o al menos neutral. Fue la primera de una serie de torpezas.

El presidente reaccionó como padre ofendido, por convencimiento y porque —poca duda cabe— en el interior de su hogar la madre del acusado le recriminaba constantemente por no emplear su autoridad para favorecer a su hijo. El hecho, según la lógica maternal y la de muchos ciudadanos, no merecía una acción legal tan severa porque había muchos otros en peores circunstancias. Finalmente actuó presionado por esto y por los grupos de exaltados anticicigistas, pero la manera como lo hizo dejó la imagen de ser una venganza de padre ofendido. Con eso aumentó la cantidad de personas adversas al gobierno y también a la señora Thelma Aldana, por motivos distintos y también por considerársele adversaria ideológica del gobierno y especialmente de su cúpula.

Lo demás fue cantado: declarar non grato a Velásquez, pedir su destitución, y atacar a la totalidad de las acciones de la comisión internacional, con la meta de satanizarla y hacer pensar en la malignidad del ente. Se buscó el apoyo de Washington basado en aceptar todo lo expresado por Donald Trump, con base en la ayuda de los grupos no-católicos interesados en mantener su influencia, como lo han hecho desde hace varias décadas. En este maremágnum de acciones tras bambalinas, el ambiente guatemalteco se enrareció al considerar muchos ciudadanos, unos con alegría y otros no, al fin del período de la Cicig como el regreso total al pasado político nacional. Y esa idea aún permanece.

En la historia política del país esta absolución legal no podrá librarse de ser vista por muchos como el regreso al peor de los pasados. No será así solo si el nuevo gobierno actúa como debe y acepta la necesidad de enfrentar los males políticos, económicos y sociales causantes del lugar terrible donde se encuentra Guatemala en todas las mediciones internacionales. No se puede tampoco negar la responsabilidad de Iván Velásquez, quien se cegó y actuó primero como abogado y luego como político. Los casos de corrupción en toda América Latina tienen un enorme componente político y muchas veces los requerimientos legales son llenados a base de chanchullos y manipulaciones. Si todo sigue igual, el culpable y el responsable será él.